Piden anular la dirección del Congreso de Guatemala por vicios en la elección

Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala, presentó hoy una acción de amparo contra la junta directiva del Congreso por considerar que hubo "vicios en la elección".

El recurso, entregado en la Corte de Constitucionalidad (CC) -el mayor órgano jurisdiccional del país-, señala que algunos de los diputados que integraron esta plantilla única, electa el pasado 13 de enero, no podían presentarse por haber cambiado de partido político (tránsfugas).

En concreto, Acción Ciudadana, que presentó el amparo a través de su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, denuncia "vicios y violaciones" a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la Ley del Organismo Legislativo.

La junta directiva del Congreso, electa para el período 2018-2019 con el aval del oficialismo, está presidida por Álvaro Arzú, hijo del alcalde capitalino y expresidente de Guatemala entre 1996 y 2000 Álvaro Arzú Irigoyen, y junto a él están dos diputados del partido oficial y seis opositores.

Las tres vicepresidencias quedaron, por el siguiente orden, en manos de Felipe Alejos (Todos), Javier Hernández Ovalle (del oficial FCN) y Mayra Alejandra Carillo (Movimiento Reformador).

Las cinco secretarías serán ocupadas, también por orden, por el diputado Estuardo Ernesto Galdámez (oficialista), Karla Andrea Martínez (Alianza Ciudadana), Juan Ramón Laucuán (TODOS), Jaime Octavio Augusto Lucero (UCN) y Elsa Leonora Cu Isem (Movimiento Reformador).

De ellos son 4 -Galdámez, Carrillo, Cu y Martínez- en los que Acción Ciudadana identifica irregularidades, pues todo ganaron su escaño por un partido y luego se cambiaron, un hecho que les impide ejercer cargos dentro de la junta directiva del Organismo Legislativo.

En el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se norma el transfuguismo, se establece que el diputado que renuncia a su partido "no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República".

Por su parte, en la Ley del ente Legislativo, en el artículo 50, se establece que el parlamentario electo por un bloque que renuncie o sea separado del mismo "no podrá ser miembro de la junta directiva", al tiempo que tampoco podrá presidir una comisión del Parlamento o ejercer un cargo de representación.

"Cuatro de los diputados de la plantilla electa caen dentro de las prohibiciones anteriores", explicó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, y por ello solicitan a la Corte de Constitucionalidad "anular dicha elección por los vicios e irregularidades en los que se incurrió".