Piden justicia para víctimas de la guerra en Guatemala

Decenas de indígenas de Guatemala encabezados por la premio nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, reclamaron este jueves justicia al conmemorar el Día Nacional de las víctimas del conflicto armado (1960-1996), que dejó unos 200.000 muertos o desparecidos.

Previo a una caminata por el centro histórico de la capital portando flores amarillas, rojas y blancas, sacerdotes mayas realizaron una ceremonia en la plaza central donde pidieron justicia por sus familiares asesinados durante la guerra.

"Dignificamos a las víctimas del conflicto armado interno y en su memoria exigimos verdad y justicia para que estos crímenes nunca más vuelvan a repetirse", afirmó Feliciana Macaria, de la organización Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).

En tanto, decenas de organizaciones dijeron en un comunicado que esta fecha es dolorosa porque "recordamos a nuestros seres queridos que sufrieron el genocidio, las masacres, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y otros crímenes atroces cometidos por el Ejército y por ello exigimos memoria y justicia".

También criticaron al presidente Alejandro Giammattei por ordenar el cierre de la Secretaría de la Paz y la Comisión Nacional de Resarcimiento, entes creados tras la firma del armisticio el 29 de diciembre de 1996.

El mandatario "cerró ilegalmente las instituciones de la paz y pretende sepultar la memoria histórica del país, pero las víctimas y sobrevivientes defenderemos nuestros derechos ante las cortes nacionales e internacionales, y en las calles si es necesario", advirtieron.

En la fecha se conmemora la presentación del informe Memoria del Silencio de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU, que reconoce que se cometió genocidio y responsabilizó del 93% de las violaciones al Estado.

Según el documento, se cometieron 626 masacres y 5.000 niños desaparecieron, en tanto más del 90% de las víctimas fueron indígenas, quienes representan el 42% de los casi 17 millones de habitantes.

La fecha fue institucionalizada por el Congreso el 25 de febrero de 2002 y establece que se debe conmemorar en instituciones autónomas y descentralizadas, establecimientos educativos y oficinas públicas y privadas, en la forma que se honre de mejor manera la memoria de las víctimas del enfrentamiento armado.