Supremo de Guatemala pide a ombudsman anular manual sobre derechos sexuales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala dejó en suspenso la divulgación de un manual de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre derechos sexuales por supuestamente "apoyar y fomentar el aborto o prácticas abortivas".

En su resolución, que será analizada el miércoles por los parlamentarios según anunció hoy el Congreso, el Supremo ordena "el cese" de la presentación y distribución del manual "Derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y atención de embarazos en niñas y adolescentes", elaborado en 2015.

También ordena a la PDH abstenerse de emitir o realizar cualquier actividad que conlleve presentar al aborto "como un derecho", así como "la promoción de su legalización" o de "la transgresión del derecho a la vida desde la concepción".

Es por ello que la institución deberá "contrarrestar los efectos que la distribución del material haya podido tener" mediante la repartición de otro material "que sea congruente con los derechos garantizados por la Constitución".

El ombudsman deberá suspender la divulgación del documento 24 horas después de ser notificado de dicha declaratoria y en un plazo de tres meses deberá elaborar los manuales que contrarresten la información considerada por la Corte como ilegal.

Ante esta situación, el titular de la PDH, Jordán Rodas, recordó que el manual no fue elaborado durante su gestión -sino durante la de su predecesor, Jorge De León Duque-, y que fue "presentado, publicado y distribuido" en ese tiempo.

"A partir del 20 de agosto, día en que tomé posesión, a la fecha, en ningún momento me he pronunciado sobre el aborto", aseguró Rodas en una declaración pública en la que no da más detalles sobre esta situación.

Según el manual, de más de un centenar de hojas y que tiene como objetivo servir de instrumento para el personal de la Procuraduría y los actores sociales implicados en los derechos sexuales de las niñas, adolescentes y mujeres, en Guatemala mueren dos féminas al día a consecuencia de complicaciones antes, durante o después del parto.

Además, es el país que mantiene una tasa de muerte materna de 153 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, la segunda más alta en Latinoamérica; por lo que la responsabilidad del Estado debe ser cuestionada por omisión en tanto que se violentan sus derechos a la salud, la educación sexual, y a la vida, entre otros.

Según los últimos datos disponibles, durante el pasado año más de 600 niñas guatemaltecas dieron a luz producto de agresiones sexuales, mientras que el Registro Nacional de Personas (Renap) contabilizó entre enero y marzo de 2016 un total de 687 nacimientos de madres que oscilaban entre los 10 y 14 años.

En el primer trimestre de ese mismo año, 140 madres murieron, de las que 14 eran adolescentes.

En Guatemala el aborto está prohibido y es un tema tabú entre la población, conservadora y patriarcal y a lo largo del presente este año, varios partidos de la oposición y también el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) presentaron la iniciativa de ley "Prevención a la vida y la familia", en la que piden aumentar la penalización contra el aborto e imposibilitar el matrimonio homosexual.

La propuesta de ley presentada establece penas de prisión de 5 a 10 años para la mujer que cause o consienta el aborto y de 6 a 12 años de cárcel para quien lo practica, si es consentido.

Los médicos o profesionales sanitarios que lo consientan o que "cooperen" en su realización tendrían que pagar, además, un multa de 50.000 a 200.000 quetzales (de 6.600 a 26.600 dólares) y quedarían inhabilitados para ejercer su profesión entre 10 y 20 años.

La propuesta contempla el aborto terapéutico siempre y cuando lo recomienden "por lo menos dos médicos gineco-obstretas" porque la vida de la progenitora está en riesgo y se han agotado "todos los medios científicos y técnicos".

En Guatemala se calcula, a falta de estadísticas oficiales, que cada año se producen 65.000 abortos ilegales e inseguros y anualmente 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna.