El Gobierno salvadoreño busca restar poder a pandilleros

El Gobierno salvadoreño busca arrebatar a los pandilleros el poder que ejercen desde las cárceles con una serie de medidas "extraordinarias" presentadas hoy al Congreso y que implican el endurecimiento del régimen de seguridad y el aislamiento de los líderes de las peligrosas "maras".

El Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén pretende así combatir la violencia y reducir la cifra de homicidios en el país, que entre el 1 de enero y el 9 de marzo pasados se disparó 107 %, en comparación con igual período de 2015, para totalizar 1.621, con un promedio de 23 crímenes al día.

Las "disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias" fueron entregadas por el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, a la presidenta del Congreso, la diputada oficialista Lorena Peña, y se espera se aprueben este viernes.

Según Ramírez, esas medidas van a garantizar "un efectivo control y seguridad" en las cárceles de todo el país, con el fin de proteger a los salvadoreños de los delitos ordenados desde estos recintos por las pandillas.

Con la aprobación de las medidas, dijo el ministro, el Gobierno tendría durante un año "mayores libertades" para aislar y limitar el movimiento de los reos en las cárceles o trasladarlos de forma expedita a presidios de máxima seguridad, crear "centros temporales de reclusión" y restringir las visitas.

El Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa suspender no solo los traslados de reos a las audiencias en los tribunales, si no además "los plazos y términos procesales para evitar la prescripción" de los casos.

De aprobarse las disposiciones, el Ejecutivo podría "tomar cualquier tipo de medida técnica o de otra índole para garantizar el corte de tráfico de telecomunicaciones en los centros penales".

De acuerdo con las autoridades de Seguridad, los pandilleros ordenan desde teléfonos móviles el cobro de extorsiones y también homicidios como el de 11 trabajadores perpetrado el pasado 3 de marzo en la localidad de San Juan Opico (noroeste).

Ramírez aseguró que "todas las cabezas" de las pandillas se encuentran recluidos pero "hasta hoy, no ha sido posible evitar" que continúen ejerciendo control sobre sus subordinados libres.

El director general de Centros Penales, Rodil Hernández, reconoció este jueves que el Estado no posee el "control total" de las cárceles.

En una entrevista con la televisión local, Hernández dijo que la falta de control en las cárceles se dio cuando el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009), entonces de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ahora en la oposición, ordenó recluir a los miembros de la misma pandilla en prisiones especificas.

"Estamos llegando a la sala de cuidados intensivos del problema" de inseguridad y de control en las prisiones, por "haberles entregado el control de estas cárceles a los grupos pandilleriles, de haberles dejado sin ninguna atención y no haber hecho ninguna inversión", señaló.

Inicialmente, este régimen de seguridad solo se aplicaría a 7 cárceles declaradas el martes pasado en "estado de emergencia" por 15 días, pero se podría ampliar a otros recintos.

Este miércoles, el presidente Sánchez Cerén anuncio el despliegue de 1.000 soldados de la "reserva experimentada del Ejército, para actuar en funciones especiales", que se sumarán a los 7.900 militares que desde 2010 apoyan a la Policía en labores de seguridad ciudadana.

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró que el Gobierno está en "una fase de localización de los reservistas" y "no es una tarea fácil puesto que algunos ya tienen trabajo".

Dijo que desconoce de dónde tomará el Ejecutivo el dinero para financiar el despliegue de los uniformados.

Sánchez Cerén pidió recientemente al opositor ARENA su respaldo a la emisión de 1.200 millones de dólares en bonos, pues esos recursos "permitirían garantizar una tranquilidad financiera del Gobierno y no hacer uso de recursos extraordinarios de los presupuestos para impulsar" las medidas extraordinarias contra la violencia.