La voz de los 'presos políticos' de Nicaragua traspasa los muros de la cárcel

Los familiares de los "presos políticos" en Nicaragua se han visto obligados a convertirse en la "voz" de sus seres queridos fuera de los muros de la cárcel, un compromiso que les ha llevado a asumir unos riesgos que jamás habían imaginado.

Brenda Gutiérrez es la madre de Kevin Rodrigo Espinoza, condenado a 17 años y medio de prisión por cargos de terrorismo y liderar el movimiento estudiantil de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), uno de los epicentros de las protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega.

La madre, temblorosa, cuenta a Efe que el 18 de abril, el primer día de las protestas contra Ortega, su hijo llegó de noche a casa y ella, que había pasado todo el día preocupada, lo abrazó "como regañándolo", pidiéndole que no participara en las manifestaciones para evitar peligros. Su hijo le contestó: "Mamá, no seas egoísta, hay que proteger a los abuelos".

Entonces, ella se tranquilizó y pensó que el "camino correcto" era el que había elegido Kevin Rodrigo: protestar contra las reformas del sistema de pensiones y pedir la renuncia de Ortega tras 11 años en el poder.

El punto de inflexión para Brenda, sin embargo, llegó cuando el 20 de octubre un juez ordenó el encarcelamiento del joven por delitos de terrorismo.

"Mi hijo es inocente -defiende Brenda-, y confío en la inocencia de los demás, que solo levantaron su voz y una bandera, que es la que nos cobija para gritar libertad. Si esa es la razón por la que son condenados, si por eso son acusados de golpistas, pues entonces todos lo somos".

El Ejecutivo de Ortega ha perseguido judicialmente a quienes acusa de instigar un "golpe de Estado" y que, en las protestas, hicieron suyo el color azul y blanco de la bandera nicaragüense.

Brenda echa de menos abrazar a su hijo: solo puede verle una vez al mes, separados por un cristal y conectados por un teléfono.

Él está recluido en "El Infiernillo", las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, la más grande de Nicaragua y donde ha tenido dificultades para recibir atención médica. Brenda asegura que tiene una infección en los riñones y ha llegado a perder capacidad auditiva en un oído por golpes en la cabeza.

Pero, Kevin Rodrigo no se rinde y ha pedido a su madre que siga luchando en su nombre: "Él me dice que no puede andar por las calles, pero que yo sí puedo andar. 'Todo es cuestión de que te cuides, cuídate', me dice, 'pero sé la voz de nosotros, sé la voz que nos va a defender y que nos va a sacar de aquí".

El joven ha sido condenado mediante una ley de terrorismo aprobada en julio por el Parlamento y que, según la ONU, puede usarse para criminalizar la protesta pacífica.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirma que, actualmente, hay 602 "presos políticos" en el país centroamericano.

El nicaragüense Daniel Esquivel sostiene que su esposa, Irlanda Ondina Jerez Barrera, es una de esas personas encarceladas por su activismo. Ella dirigía un grupo de comerciantes en el Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua, y en junio llamó a la "desobediencia civil" ante la "opresión" de Ortega.

"Irlanda -dice a Efe Daniel- ha sentido siempre un amor patriótico muy grande por Nicaragua". La pareja salía el 18 de julio de una reunión del movimiento contra Ortega cuando un grupo de policías, encapuchados y paramilitares arrestó a Irlanda en base a una sentencia en firme del año 2016 que condenaba a cárcel a la activista por unos delitos de fraude.

Daniel cree que las autoridades usaron ese fallo antiguo para silenciarla, puesto que Irlanda se había convertido en una de las voces más fuertes entre los comerciantes. Llegó a gastarse, según su esposo, entre 6.000 y 7.000 dólares en camisetas y materiales para las marchas.

Ella está ahora en la cárcel "La Esperanza", donde las reclusas son obligadas a hacer sentadillas desnudas, denuncia Daniel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha otorgado medidas cautelares tanto a Irlanda como a Kevin Rodrigo por considerar que se encuentran en una situación de riesgo.

Sus familiares viajaron esta semana a Washington para pedir ayuda y se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., así como el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.