La CIDH evalúa caso de los 43 desaparecidos en México

La preocupación por la desaparición de 43 estudiantes en México alcanzó el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando dar su asistencia técnica a las autoridades mexicanas en las pesquisas.

El caso, que conmociona a México y a la comunidad internacional, se sintió a lo largo de las sesiones a las que fue convocado el gobierno mexicano en la sede de la CIDH en Washington.

"Exigimos justicia para los 43", dijo Pilar Tavera, de la organización Propuesta Cívica.

México había solicitado la primera sesión de la jornada para mostrar sus avances normativos, en especial su programa de derechos humanos, publicado en abril de este año. "El enorme reto ahora es lograr su implementación", dijo la subsecretaria de la Gobernación (Interior), Lía Limón.

Más enfocados en los fallos del estado mexicano, los activistas denunciaron la desaparición de los estudiantes, cuyo paradero se desconoce desde que el 26 de septiembre fueron atacados a tiros por unos policías municipales y unos sicarios del cártel Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala (sur mexicano).

María Luisa Aguilar, coordinadora del grupo Tlachinollan, ofició un minuto de silencio por los estudiantes mientras sus compañeros levantaban en pancartas, frente a los representantes del Estado, un mensaje que tenía visos de acusación: "Fue el Estado, justicia, búsqueda, verdad, nunca más".

Distintas organizaciones civiles que desfilaron por cinco audiencias solicitaron a la CIDH que visite en pleno México para evaluar la situación de los derechos humanos en ese país, donde más de 22.000 personas han desaparecido desde 2006.

"La crisis humanitaria de personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas, torturadas y lesionadas ha sido ignorada, maquillada, escondida, simulada y reducida a estadísticas manejadas por el propio gobierno", dijo Jaqueline Sáenz, de la organización Fundar.

Frente a la sede de la CIDH, un puñado de manifestantes exigió con pancartas al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto encontrar a los estudiantes desaparecidos.

"El Estado no descansará hasta encontrar a los normalistas" de Iguala, dijo Limón en las audiencias.

- Solo detalles -

En la noche del jueves, los comisionados para México, James Cavallaro, y Rosa María Ortiz, relatora sobre los Derechos de la Niñez, tenían previsto reunirse en Washington con ONG mexicanas y delegados del gobierno de ese país para evaluar la solicitud de que la CIDH otorgue asistencia técnica a las pesquisas que se llevan a cabo para hallar a los estudiantes y castigar a los responsables. El encuentro servirá para "tener una mayor claridad" sobre el tipo de asistencia, dijo el jueves en esa ciudad el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.

Las partes evaluarán la posibilidad de que la Comisión, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), convoque a especialistas en la búsqueda de personas para asistir y verificar las investigaciones que llevan a cabo las autoridades mexicanas, según varias fuentes.

Según Álvarez Icaza, una propuesta plantea crear un equipo integrado con expertos de la CIDH y Naciones Unidas, pero no hay aún un plan definido. "Queremos ver si el estado (mexicano) valida esto", dijo.

El jefe de la delegación mexicana, el subsecretario para derechos humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo a la AFP que el gobierno estaría en la "mejor disposición" para recibir a expertos y que solo quedan "detalles" por discutir en la reunión.

Sin embargo, la CIDH no tomará una decisión hasta la próxima semana, cuando realice su evaluación a puerta cerrada del 153º periodo de audiencias, cuyas sesiones abiertas culminan este viernes.

La reunión entre las organizaciones mexicanas y el gobierno también servirá para dar seguimiento a las medidas cautelares que la CIDH resolvió tanto en el caso de Iguala como en el de tres militares acusados de haber ejecutado al menos a ocho presuntos secuestradores en Tlatlaya (centro).

Según Álvarez Icaza, la asistencia técnica de la CIDH para casos específicos solo tiene dos precedentes en América Latina: una, en el caso de la dirigente ecologista indígena y de derechos civiles Digna Ochoa, asesinada en 2001 en México, y la otra, en el atentado en Argentina contra la organización israelí AMIA, en 1994.