Obama renueva la asistencia de EEUU para la interdicción aérea en Colombia

El presidente de EE.UU., Barack Obama, autorizó hoy continuar la asistencia que su país concede desde hace dos décadas al programa de interdicción aérea en Colombia debido a la "amenaza extraordinaria" que el narcotráfico supone para la seguridad nacional en esa nación suramericana.

Obama explicó que considera "necesaria" la interceptación del narcotráfico en el espacio aéreo colombiano, mediante la "interdicción de aeronaves sobre las que haya una sospecha razonable de que están principalmente implicadas en el tráfico ilícito de drogas".

Esa acción se justifica por la "amenaza extraordinaria que supone el tráfico ilícito de drogas para la seguridad nacional" de Colombia, según señaló Obama en un memorando presidencial.

El mandatario estadounidense también certificó la continuidad del programa porque Colombia, a su juicio, ha puesto en marcha los "procedimientos apropiados para proteger contra la pérdida de vidas inocentes por aire y tierra en conexión con esa interdicción" del narcotráfico en el espacio aéreo.

Dichos procedimientos incluyen, como mínimo, "métodos eficaces" para identificar aeronaves civiles que posiblemente estén involucradas en el narcotráfico y emitir una advertencia "antes del uso de la fuerza" contra esos vuelos, indicó el presidente.

La decisión de Obama responde a una exigencia contenida en una ley de defensa de 1995, por la que el Ejecutivo debe "certificar" la necesidad de continuar el programa de interceptación aérea en Colombia.

Con esta determinación del Ejecutivo, el siguiente paso es que el secretario de Estado, John Kerry, notifique al Congreso sobre la continuidad de la ayuda de EE.UU. para la interceptación aérea y la publique en el diario oficial del Gobierno ("Federal Register").

A principios de la década de 1990, el Gobierno estadounidense comenzó a respaldar los esfuerzos de vigilancia e interceptación aérea en Colombia y Perú, los principales productores de cocaína en el mundo.

Esa ayuda fue suspendida en abril de 2001, tras el derribo accidental por parte de la Fuerza Aérea de Perú de una aeronave civil en la que viajaban misioneros estadounidenses.

Estados Unidos y Colombia reanudaron el programa en agosto de 2003, tras acordar nuevos mecanismos de supervisión y presentación de informes.