El Gobierno español determinó hoy que la exhumación del dictador, enterrado hace 45 años con honores de jefe de Estado, se producirá el jueves 24 de octubre y los familiares podrán sacar el féretro de la Basílica a hombros.

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Dentro de la basílica, en la que no podrán tomarse imágenes, solo estarán los operarios estrictamente necesarios para extraer la losa que cubre la tumba, de 1500 kilos, un forense, la ministra española de Justicia como Notaria Mayor del Reino y encargada de levantar acta de la exhumación, así como 22 familiares que han mostrado su deseo de asistir, entre nietos y bisnietos del dictador.

El féretro con los restos de Franco no llevará ningún tipo de bandera y será trasladado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas a su nueva ubicación en una panteón familiar en el cementerio madrileño de El Pardo, en las afueras de Madrid.

Según un comunicado gubernamental, la exhumación se llevará a cabo en condiciones "de dignidad y respeto".

El Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, decidió trasladar al dictador en base a una reforma de 2018 de la ley de memoria histórica, aprobada por el Parlamento y avalada por el Tribunal Supremo, que rechazó un recurso de los familiares más próximos de Franco, sus nietos.

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El Ejecutivo argumenta que ha defendido desde el principio del procedimiento que "los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la ley de memoria histórica".

Igualmente, destaca que la sentencia "firme y unánime" del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre "puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos".