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La Justicia estudia el recurso del cuñado de Felipe VI condenado por corrupción
El Tribunal Supremo español (TS) estudia hoy, en una vista pública, los recursos presentados contra las condenas de cárcel impuestas por corrupción a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, y otros implicados en el llamado "caso Nóos".
También recurrieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Diego Torres (antiguo socio de Urdangarin) y Jaume Matas, expresidente regional del archipiélago español de Baleares, en el Mediterráneo.
El TS estudiará esos y otros recursos y decidirá si mantiene, reduce, anula o endurece las condenas.
La Audiencia de Palma (capital de Baleares) condenó a 7 de los 18 acusados por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin.
Sin embargo, únicamente tres de ellos recibieron penas que implicarían el ingreso en prisión en el caso de confirmarse: Urdangarin fue castigado con 6 años y 3 meses de cárcel; Torres, con 8 años y 6 meses, y Matas con 3 años y 8 meses.
La Fiscalía pidió que la pena de Urdangarin se suba a 10 años de prisión. Y la Abogacía del Estado pidió un incremento de 10 meses por delitos fiscales, por los que fue sentenciado a dos años.
Urdangarin fue condenado en primera instancia también por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.
La Audiencia absolvió a su esposa y hermana del rey, la infanta Cristina, a quien sí consideró responsable civil, a título lucrativo, por valor de 265.088 euros.
Las magistradas impusieron penas menores a los cuatro miembros del gobierno balear implicados en contratos públicos fraudulentos por valor de millones de euros con el Instituto Nóos.
Si el fallo del TS fuese desfavorable a los imputados, no implicaría necesariamente su inmediato ingreso en la cárcel, pues cabrían, por ejemplo, recursos ante el Tribunal Constitucional. Esto podría suponer una suspensión temporal de la ejecución de condena.
El 23 de febrero del pasado año la Justicia decidió que Iñaki Urdangarin quedase en libertad provisional con la obligación de comparecer el primer día de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia, que últimamente es Suiza, donde trabaja su esposa y vive con su familia.
