La crisis catalana a un año de la fallida independencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, una de las figuras que impulsa el movimiento independentista. / EFE
Afp
10 de septiembre 2018 - 11:35

¿Cuál es la situación en Cataluña a un año de la fracasada tentativa de secesión de España? ¿Cuál es la estrategia del bando independentista? Estas son las preguntas clave la víspera de la movilización masiva de la Diada, el dia de la región.

El estado de las cosas

El 27 de octubre de 2017, a menos de un mes del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, marcado por la violencia policial, la mayoría separatista del Parlamento catalán adoptó una declaración unilateral de independencia, el clímax de la peor crisis política que conoció la España posfranquista.

En respuesta, el gobierno central, dirigido entonces por el conservador Mariano Rajoy, suspendió la autonomía de esta rica región del noreste español de 7,5 millones de habitantes y cesó al Ejecutivo independentista de Carles Puigdemont.

Unos días después, Puigdemont partió con otros dirigentes separatistas para evadir la justicia, poco antes de que otros líderes separatistas fueran enviados a prisión provisional.

Imputados por rebelión, lo que podría costarles hasta 25 años de cárcel, los líderes esperan en el extranjero o en prisión el juicio, previsiblemente a fines de año.

La manifestación tradicional durante la Diada, la fiesta "nacional" catalana, debe ser el punto de partida de una serie de manifestaciones para exigir la liberación de los "presos políticos", según los califican los independentistas.

¿Una estrategia independentista?

Disuelto por Madrid tras los sucesos de octubre, el nuevo Parlamento catalán surgido de las elecciones del 21 de diciembre, se mantuvo dominado por los independentistas (70 diputados de 135).

Con el 47,5% de los votos, no obtuvieron una mayoría absoluta en esta región profundamente dividida sobre la independencia, como quedó demostrado en meses de tensión por la proliferación en las calles de lazos amarillos en reclamo de la liberación de los presos, retirados por los antiindependentistas.

Según Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, "a la vista de los discursos de los lideres independentistas hay la sensación de que no hay plan. (...) Hay como una cierta resaca del año pasado".

Instalado por Puigdemont, que sigue manejando desde Bélgica los hilos en el campo independentista, el actual presidente catalán Quim Torra, cuya entrada en funciones en junio permitió levantar la intervención regional de Madrid, mantiene un discurso radical con golpes de efecto.

Por el contrario, la izquierda independentista ERC (Esquerra Republicana) se muestra más realista. Su diputado Gabriel Rufián llamó el domingo a pinchar la burbuja "del independentismo mágico" y "decir la realidad".

Más allá de su verbo encendido, Torra no parece tener "una línea estratégica ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo", considera Bartomeus, descartando que el gobierno catalán organice un nuevo referéndum o una nueva declaración unilateral de independencia.

A menos que los dirigentes separatistas reciban condenas en el juicio, lo que podría provocar "un gesto de desobediencia intentando capitalizar el descontento de la base independentista", agregó el analista político.

Diálogo de sordos

Llegado al poder en Madrid el 1 de junio gracias a entre otros apoyos el de los independentistas catalanes, el socialista Pedro Sánchez ha jugado la carta del apaciguamiento, retomando el diálogo con el gobierno catalán.

La semana pasada evocó un referéndum sobre un nuevo estatuto para Cataluña que refuerce su autonomía.

Una propuesta rechazada de plano por Torra que dice estar dispuesto, si Madrid rehúsa acordar un nuevo referéndum de autodeterminación, hacer respetar "el mandato" del voto ilegal del 1 de octubre donde 2 millones de electores (un 42,3% del censo) apoyaron la independencia.

Pero esto dispararía inmediatamente una nueva puesta de Cataluña bajo tutela del gobierno central.

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