El Gobierno peruano recibe facultades del Congreso, pero pierde una batalla

Las iniciativas legislativas del Ejecutivo buscan combatir de manera frontal y articulada al sicariato, el cual será definido como un delito autónomo, para remarcar esta nueva modalidad delictiva.

El Congreso de Perú otorgó este jueves facultades legislativas por 90 días al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, al cabo de una extensa sesión plenaria en la que se debatió también una iniciativa similar en temas económicos.

El pleno del Parlamento aprobó la delegación de facultades legislativas por 78 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo a los legisladores que "este pedido no solo es de urgencia social, sino de reclamo ciudadano" para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Durante la exposición al pleno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sustentó el pedido bajo el argumento de que permitirá contar con las herramientas legales para fortalecer la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Las iniciativas legislativas del Ejecutivo buscan combatir de manera frontal y articulada al sicariato, el cual será definido como un delito autónomo, para remarcar esta nueva modalidad delictiva.

El sicario será condenado con una pena ejemplar en un establecimiento de máxima seguridad, indicó Pérez Guadalupe. Además, en el ámbito del sicariato, "se propone considerar agravante al que ordene o encargue a un menor realizar su ejecución", agregó el ministro peruano. Pérez Guadalupe anunció igualmente que "se propone una nueva ley de migraciones para regular el flujo migratorio y combatir delitos como la trata de personas".

El Ejecutivo también propuso que la Policía Nacional tenga acceso a la geolocalización de teléfonos móviles vinculados a delitos flagrantes. A su turno, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, manifestó que el gobierno merece las facultades "a fin de regular la delincuencia juvenil".

Además, Adrianzén adelantó que "se crearán dos procuradurías: una especializada en crimen organizado y otra en recuperación de reparaciones civiles".

En cuanto al tráfico de drogas, Pérez Guadalupe dijo que el Ejecutivo busca frenar sus actividades tipificando nuevas modalidades para quienes proporcionen o favorezcan insumos químicos para el narcotráfico.

La delegación de facultades también se extiende a temas económicos y financieros, aprobados por el pleno horas antes, tras la sustentación hecha por el primer ministro y varios integrantes del gabinete.