El presidente de Paraguay irá a Costa Rica a una audiencia en la CorteIDH por un caso de torturas

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, asistirá este jueves a la audiencia en Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que tratará el caso de dos activistas de izquierda que denunciaron torturas en 2002, anunció hoy el canciller, Luis Alberto Castiglioni.

Según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los activistas de izquierda Juan Arrom y Anuncio Martí, actualmente asilados en Brasil, fueron torturados entre el 17 y el 30 de enero de 2002.

"Una eventual decisión contraria al Estado paraguayo es una afrenta a la institucionalidad de la República y es una afrenta al Estado de Derecho que se está consolidando en el Paraguay", dijo el canciller en una rueda de prensa, en la residencia presidencial.

Asimismo, Castiglioni negó que la presencia de Abdo Benítez en la audiencia tenga como meta presionar al tribunal.

Y agregó que "el tratar de abrir un caso que ya ha sido juzgado es inclusive una afrenta a la Constitución y estamos muy preocupados de que un tribunal supranacional se pueda exceder en sus atribuciones como en este caso puede ocurrir".

Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por policías que los presionaron para que se declararan culpables del secuestro en 2001 de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

Bordón anunció el lunes que estará a título personal en la audiencia, junto al senador del minoritario Partido Patria Querida (PPQ) Fidel Zavala, secuestrado en 2009 por la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Bordón y Zavala iniciaron anoche una campaña en contra del pago de una compensación económica a los dos activistas, en caso de que la CorteIDH resuelva la responsabilidad del Estado paraguayo.

La Justicia paraguaya nunca llegó a determinar la culpabilidad de los dos activistas en el secuestro de Bordón, ya que antes del juicio y después de haber sido secuestrados y liberados con signos de torturas, huyeron a Brasil, donde obtuvieron el estatus de refugiados políticos.

En enero pasado, Paraguay pidió de forma oficial a Brasil que revocara ese estatus, para que puedan ser extraditados y procesados por la Justicia paraguaya.