Brasil ya busca candidatos presidenciales para 2018 entre reos y sospechosos

Cuando aún falta más de un año para las próximas elecciones presidenciales en Brasil, la clase política ya baraja posibles candidaturas, pero hasta ahora entre sus naipes solo aparecen sospechosos o incluso reos por asuntos de corrupción.

Ese turbio panorama es consecuencia del escándalo destapado en la petrolera estatal Petrobras, que afecta a prácticamente todos los partidos políticos y salpica a casi todos los posibles candidatos a suceder a Michel Temer tras los comicios previstos para octubre de 2018.

Sea en el actual Gobierno, que llegó al poder tras el proceso que llevó a la destitución de Dilma Rousseff, o sea en la oposición, los posibles aspirantes a la Presidencia son por lo menos sospechosos de haber incurrido en prácticas corruptas asociadas a la vasta red que operó en la petrolera durante más de una década.

En el enrarecido escenario político generado por el polémico juicio contra Rousseff, las empresas demoscópicas han comenzado a sondear las preferencias del electorado y hasta ahora despunta como favorito el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más carismático y popular que surgió en Brasil en las últimas décadas.

Sin embargo, una posible candidatura de Lula no dependerá solo de la voluntad del Partido de los Trabajadores (PT), fundado y liderado por el antiguo dirigente sindical, pues su futuro político se jugará sobre todo en los tribunales.

El expresidente dijo más de una vez que estudia la posibilidad de intentar regresar al poder y es hasta ahora la única carta que se plantean el PT y cientos de intelectuales de izquierdas, que hace diez días firmaron un manifiesto en el que le instaron a formalizar sus aspiraciones "de inmediato".

Sin embargo, Lula es reo en cinco acciones penales vinculadas a la corrupción en Petrobras y en los círculos jurídicos se calcula que las primeras sentencias, posiblemente condenatorias, serán dictadas durante este año.

Según las leyes electorales del país, un político puede postular a un cargo público aún con una condena en primera instancia, pero se le cierran todas las puertas en caso de esa decisión sea confirmada por un tribunal superior, con lo que una posible candidatura de Lula dependería de los tiempos judiciales.

Para muchos de los dirigentes del PT, un anuncio anticipado de la candidatura de Lula inhibiría a los tribunales, reforzaría la tesis de que el expresidente sufre una "persecución política" y renovaría la ilusión de la izquierda, golpeada por la destitución de Rousseff.

En el campo oficialista, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Michel Temer, quien ha asegurado que no aspirará a un nuevo mandato, carece de posibles candidatos y la opción de la base oficialista sería buscarlos en el influyente Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Pero si Lula es reo en tribunales, esa fuerza de centroderecha que ya estuvo en el poder con Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) también ha sido salpicada por la investigación en Petrobras y sus dos principales dirigentes son sospechosos de haberse beneficiado de esa trama corrupta.

El senador Aécio Neves, presidente del PSDB y quien perdió las elecciones de 2014 frente a Rousseff por tres puntos porcentuales, es uno de los políticos señalados por exdirectivos de la empresa Odebrecht entre los favorecidos por esas irregularidades.

Lo mismo sucede con el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, quien ya fue candidato a la Presidencia en 2006 y perdió frente a Lula, y esta misma semana declaró que volver a aspirar al poder en 2018 está en sus planes.

"Si digo que no pretendo ser candidato en 2018, mentiría", dijo Alckmin este lunes, sin hacer alusiones a la inminente publicación de los testimonios dados a la justicia por exdirectivos del grupo Odebrecht, que aún están bajo secreto judicial pero lo implicarían en esos asuntos al igual que a Neves.

Según las informaciones obtenidas por la prensa local sobre esos testimonios, también saldrán salpicados posibles candidatos ajenos a los grandes partidos, como la ecologista Marina Silva, tercera en las elecciones de 2014 y 2010 y que no ha descartado la posibilidad de un nuevo intento en 2018.

Silva estaría entre las decenas de políticos que se valieron de financiación ilegal de Odebrecht para sus campañas, de acuerdo a lo declarado por exdirectivos de esa constructora.