Congreso argentino aprueba por unanimidad ley que frena excarcelación de represores

Argentinos se manifiestan contra la impunidad en una presentación de Cristina Kirchner en Bruselas.
Argentinos se manifiestan contra la impunidad en una presentación de Cristina Kirchner en Bruselas. / AFP
Afp
10 de mayo 2017 - 13:43

El Senado argentino aprobó este miércoles por unanimidad una ley que frena la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, previo a una marcha de repudio a un fallo de la Corte Suprema que crispó al país.

Con 56 votos a favor y ningún voto en contra, senadores de todo el arco político argentino, de izquierda a derecha, dieron una contundente respuesta para evitar la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos, posibilidad que dejó abierto un polémico fallo de la Corte hace una semana.

Victoria Donda es uno de los 122 nietos recuperados gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, y diputada del partido Libres del Sur, que preside la comisión de Derechos Humanos de la cámara que aprobó a la madrugada el proyecto de ley en un debate histórico y cargado de testimonios conmovedores.

"Me parece que esto que estamos discutiendo tiene un solo espíritu, en realidad tiene nombres y apellidos: tiene nombres, apellidos y caras y hoy están presentes en el recinto", dijo Donda al presentar a Estela Carlotto, titular de las Abuelas de plaza de Mayo, y a algunas de las veteranas Madres de Plaza de Mayo que fueron ovacionadas.

"No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles", reclamó Donda al revivir la crueldad de la dictadura (1976-83).

Carlotto calificó de "triunfo parlamentario" la aprobación de una ley que corrige un dictamen que consideró vergonzoso. Agradeció que los legisladores acompañaran su "demanda, su indignación y su dolor", en estos siete días que como víctimas han tenido que revivir episodios que daban por zanjados en la justicia.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de condena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

El martes los tres magistrados fueron acusados de prevaricato. Fallaron a favor de Muiña aplicando una ley derogada en 2001, que permite computar doble el tiempo pasado en prisión preventiva a la hora de fijar la condena.

El presidente Mauricio Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió el miércoles un criticado silencio. "Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aun cuando es por delitos de lesa humanidad", remarcó.

La expresidenta y opositora Cristina Kirchner alertó que el fallo "permitirá recuperar la libertad a más de 700 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad".

En Argentina, el dictamen de la Corte en un caso puede ser cuestionado por tribunales inferiores. Desde el viernes, al menos tres jueces han negado otorgar el beneficio a represores condenados.

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