Fiscalía incluye a empresas peruanas en investigación del caso Odebrecht

La Fiscalía de Perú decidió hoy incluir a las empresas peruanas que se asociaron en el país con la brasileña Odebrecht en la investigación que hace de la presunta entrega de millonarios sobornos para adjudicarse la concesión de obras estatales.

La decisión fue comunicada en un pronunciamiento en video publicado en la página del Ministerio Público por los fiscales que integran el equipo especial encargado del caso, que es liderado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro.

Castro señaló que se ha formalizado la investigación contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), que fueron socias de Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, en 2004.

El fiscal supraprovincial Sergio Jiménez Niño detalló, por su parte, que "la disposición de ampliación de investigación preparatoria incluye un delito de corrupción de funcionarios (tipo penal: colusión) y un delito de lavado de activos".

Castro agregó que esta decisión se ha tomado "como consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Barata".

El martes, el juez Richard Concepción Carhuancho excluyó al brasileño Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, de la investigación que se sigue por los presuntos sobornos pagados para adjudicarse la concesión de la Interoceánica.

La decisión fue tomada a pedido de la Fiscalía y abre la posibilidad de que Barata, que estaba imputado por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado, colabore con las investigaciones del caso Odebrecht en Perú.

Las empresas peruanas fueron incluidas en la investigación fiscal después de que la bancada fujimorista en el Congreso, que ocupa 71 de los 130 escaños, presentará una acusación constitucional contra el fiscal general del país, Pablo Sánchez, por su supuesta inacción en este caso.

Tras conocerse la decisión de hoy, el Grupo Graña y Montero informó, en un comunicado, que colaborará con las investigaciones y saludó "cualquier actuación del Ministerio Público encaminada a esclarecer la verdad sobre los actos corruptos de Odebrecht".

Agregó, además, "que el pago de sobornos a funcionarios o cualquier otra actividad ilícita no forman parte de las políticas y prácticas empresariales de la compañía".

La empresa peruana también aseguró que su directorio "manifiesta rotundamente que no protege ni protegerá a ninguna persona que haya estado involucrada en actos de corrupción".

En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.