Juzgado peruano evaluará la prisión preventiva para los socios de Odebrecht

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho evaluará el próximo domingo la orden de detención preventiva pedida por la Fiscalía contra cinco representantes legales de empresas socias de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, según informó el Poder Judicial.

La audiencia se realizará el 3 de diciembre en la Sala Penal Nacional a solicitud del Ministerio Público, que ha pedido prisión preventiva por 18 meses contra Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miro Quesada.

El pasado miércoles, el fiscal Hamilton Castro informó que se ha formalizado la investigación contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), que fueron socias de Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur en 2004.

El fiscal supraprovincial Sergio Jiménez Niño detalló, por su parte, que "la disposición de ampliación de investigación preparatoria incluye un delito de corrupción de funcionarios (tipo penal: colusión) y un delito de lavado de activos".

Castro agregó que esta decisión se ha tomado "como consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Barata".

El martes último, el juez Concepción Carhuancho excluyó al brasileño Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, de la investigación que se sigue por los presuntos sobornos pagados para adjudicarse la concesión de la Interoceánica.

La decisión fue tomada a pedido de la fiscalía y abre la posibilidad de que Barata, que estaba imputado por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado, colabore con las investigaciones del caso Odebrecht en Perú.

Las empresas peruanas fueron incluidas en la investigación fiscal después de que la bancada fujimorista en el Congreso, que ocupa 71 de los 130 escaños, presentará una acusación constitucional contra el fiscal general del país, Pablo Sánchez, por su supuesta inacción en este caso.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.