Keiko y Castillo firman compromiso democrático tras pedido de las iglesias en Perú

Keiko Fujimori y Pedro Castillo, candidatos a la presidencia de Perú.
Keiko Fujimori y Pedro Castillo, candidatos a la presidencia de Perú. / AFP
Afp
10 de mayo 2021 - 20:41

Lima/Los candidatos al balotaje presidencial en Perú, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, se comprometieron este lunes a respetar la institucionalidad democrática si llegan al poder, acogiendo una petición de las iglesias católica y evangélica.

En un mitin de campaña en Iquitos, la principal ciudad de la Amazonía peruana, Castillo firmó la "Proclama Ciudadana" de respeto al orden constitucional que redactaron las iglesias, horas después que lo hiciera su rival en un programa de televisión.

"Los compromisos por la democracia [...] no se firman en un set de las televisoras que están inclinadas a la gran corrupción, los compromisos del pueblo se firman ante el pueblo", dijo Castillo, que ganó la primera vuelta electoral del 11 de abril con 18,9% de los votos.

Keiko, quien compite por tercera vez en un balotaje, obtuvo el 13,4% en la primera ronda. Castillo encabeza los sondeos, pero la diferencia entre ambos se ha ido reduciendo en los últimos días.

Tanto Castillo, un maestro de escuela rural, como Keiko, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentan cuestionamientos de sectores que temen que puedan apartarse del sistema democrático.

"Proclama ciudadana"

La Conferencia Episcopal católica y la Unión de Iglesias Evangélicas presentaron el sábado esta "Proclama Ciudadana" que pedía a los candidatos que prometieran "respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado", en caso de ganar el balotaje del 6 de junio.

La Proclama fue suscrita también por la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Al suscribir el documento, ambos candidatos se comprometieron a mantener la institucionalidad democrática, a "respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes" y la libertad de prensa.

Asimismo, prometieron que no van a "buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección" al culminar su mandato en 2026.

Los programas de ambos postulantes son diametralmente opuestos: Keiko, de 45 años, defiende el libre mercado mientras que su rival, de 51, aboga por un activo papel económico del Estado, incluso con nacionalizaciones.

A pesar de sus diferencias, ambos candidatos coinciden en algunos temas: son antiaborto, defienden la familia tradicional, no dan importancia a los derechos de la comunidad LGTBI y rechazan el enfoque de género en las escuelas.

"Muerte a Castillo"

Perú, políticamente inestable desde 2016 -con tres presidentes en cinco días en noviembre pasado- acude a un balotaje que amenaza con polarizar al país entre dos postulantes situados en las antípodas y que en conjunto obtuvieron apenas el 32% de los votos en la primera vuelta.

El próximo presidente debe asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino Francisco Sagasti y tendrá como retos terminar con la inestabilidad política, enfrentar la pandemia y superar la recesión económica generada por largas cuarentenas sanitarias.

La campaña al balotaje comenzó a caldearse el fin de semana luego de que el excandidato ultraconservador Rafael López Aliaga, tercero en primera vuelta (11,7%) y quien ahora apoya a Keiko, gritara "muerte a Castillo" al hablar en un mitin político en Lima.

"Pueden arrancar un geranio, un clavel, pero no van a poder detener la primavera", dijo Castillo sobre las palabras de López Aliaga, mientras que Keiko afirmó que el empresario ultraconservador "se ha excedido".

La número dos del gobierno peruano, Violeta Bermúdez, lamentó las declaraciones de López Aliaga y afirmó que "cualquier discurso de odio debe estar al margen de un sistema democrático".

Un abogado presentó este lunes ante la fiscalía una denuncia contra el empresario por supuesta amenaza de muerte e incitación al odio, según medios locales. El Ministerio Público debe decidir si la acoge.

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