Moro lanza plan contra el crimen y la corrupción en Brasil

El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, presentó el lunes un proyecto de ley para atacar conjuntamente la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos, una de las principales promesas de campaña del presidente Jair Bolsonaro.

Esos tres flagelos "están relacionados", explicó Moro en una rueda de prensa en Brasilia. "El crimen organizado usa la corrupción para obtener la impunidad y está vinculado a buena parte de los homicidios", en un país donde en 2017 hubo cerca de 64.000 homicidios, detalló.

El proyecto, que modifica más de una decena de leyes, fue presentado este lunes y será enviado al Congreso.

Uno de sus puntos más polémicos es el que respalda la actuación de policías en situación de "legítima defensa".

Bolsonaro, en un mensaje enviado al Congreso desde el hospital donde convalece de una operación abdominal, quiso marcar la ruptura con un pasado bajo gobiernos que fueron "tímidos en la protección de la víctima y efusivos en la victimización social del criminal".

Pero "¡Eso se acabó! El gobierno brasileño le declara la guerra al crimen organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate", afirmó el mandatario ultraderechista, que asumió el cargo el 1 de enero.

- Cruzada anticorrupción -

El exjuez Sergio Moro es visto dentro y fuera de Brasil como un sinónimo de la lucha anti-corrupción. Entre 2014 y 2018 condujo la operación Lava Jato, que develó una gigantesca trama de desvíos de dinero público orquestada entre políticos, empresarios y funcionarios de la estatal Petrobras, un escándalo que tuvo ramificaciones en el resto de América Latina, a través del caso Odebrecht.

Como ministro, Moro pretende dejar grabada en la ley una de las banderas de su gestión como magistrado: el encarcelamiento de aquellos condenados por un tribunal de segunda instancia, sin necesidad de aguardar a que agoten todos los recursos ante las máximas cortes del país.

Se trata de un "cambio fundamental" para combatir la impunidad y evitar que los delincuentes de 'cuello blanco' se beneficien de la lentitud del sistema judicial, sostiene.

Actualmente, la corte suprema permite que la prisión comience a ejecutarse a partir de la condena en segunda instancia, aunque cabe a cada tribunal ordenarla.

La cuestión del encarcelamiento en segunda instancia debe ser tratada nuevamente en abril por el Supremo Tribunal Federal (STF); un cambio de posición podría llevar a la liberación de numerosos condenados, incluyendo el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Otra medida presentada este lunes transforma en delito penal la financiación ilegal de campañas electorales ('caja 2'), una práctica corriente en la política brasileña, que actualmente constituye apenas un delito electoral.

- 'Retirar a los delincuentes de las calles' -

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la prioridad del nuevo gobierno es "retirar a los delincuentes de las calles" para reducir los homicidios, afirmó Moro.

Para ello, propone encerrar en cárceles de máxima seguridad a los dirigentes de organizaciones de tráfico de drogas y privar a sus miembros de los beneficios de reducciones de penas previstas actualmente.

Inspirado en la legislación italiana contra las mafias, Moro propone incluir en el texto de la ley a las principales facciones criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC), que tiene su base en Sao Paulo, y al Comando Vermelho, cuyo bastión está en Rio de Janeiro, así como a las milicias parapoliciales que controlan e imponen su ley en numerosas favelas.

En relación a la superpoblación de las cárceles, controladas por las facciones, el ministro afirmó que el asunto será abordado de forma separada y defendió la "ampliación de inversiones" para aumentar los cupos.

- 'Legítima defensa' -

Otro punto del proyecto define como "legítima defensa" la intervención de un agente policial que, "en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros", y establece que el juez podrá reducirle el castigo o eximirlo si identifica un exceso producto del "miedo, sorpresa o violenta emoción".

"No estamos ampliando la legítima defensa, solo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa (...). Eso es algo que ya se hace en la práctica", alegó Moro.

Interrogado sobre si esto no representa una carta blanca para que los policías ejecuten sumariamente a presuntos delincuentes, Moro lo negó: "No es una licencia para matar. Quien diga eso, está equivocado".

"La policía no precisa esperar a que le disparen para actuar", añadió, ponderando: "el conflicto armado entre policías y delincuentes no es una estrategia de seguridad pública recomendable ni buscada por este ministerio".