La ONU condena masacre de jóvenes en Colombia y clama por cese de violencia

Familiares se despiden hoy de una de las víctimas de la masacre de nueve personas en Samaniego, Nariño (Colombia)
Familiares se despiden hoy de una de las víctimas de la masacre de nueve personas en Samaniego, Nariño (Colombia) / EFE
Efe
17 de agosto 2020 - 11:24

El equipo de país y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia expresaron este lunes su "enérgica condena" a la masacre de ocho jóvenes en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, e hicieron un llamado a las autoridades a fortalecer las medidas para combatir la violencia.

"La ONU en Colombia expresa su enérgica condena por la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño (...) así como por los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades", detalló el organismo en un comunicado.

La matanza fue perpetrada por desconocidos que dispararon contra un grupo de muchachos, que según las primeras informaciones eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo por la cuarentena del coronavirus y el sábado por la noche decidieron reunirse en una casa en las afueras de Samaniego para salir de la rutina del encierro.

Horas antes de la masacre, una adolescente había sido asesinada a tiros en la misma zona, crimen que se suma al de los ocho muchachos.

La masacre perpetrada la noche del sábado en Samaniego es la segunda en menos de una semana en Colombia luego de que el pasado martes fueran asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca.

Desmantelar organizaciones criminales

En su pronunciamiento, la ONU urgió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a avanzar en el "diseño e implementación" de una política pública para desmantelar a "las organizaciones criminales y sus redes de apoyo", especialmente en las "zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto".

"Debido a estos hechos preocupantes la ONU hace un llamado a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades", agregó la información.

El mes pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil.

Una de esas regiones es Nariño, donde, según aseguró este domingo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, operan las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo, y disidencias de las FARC, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cifras alarmantes

Las Naciones Unidas manifestaron su preocupación "por la continuidad de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC" este año y alertaron que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. ha documentado 33 masacres en 2020 en Colombia.

Igualmente está siguiendo 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales ya verificó 45.

También señaló que en el primer semestre del año fueron asesinadas 41 personas en proceso de reincorporación, lo que supone un aumento del 10 % de estos crímenes en comparación con el mismo periodo de 2019.

"Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizados por una limitada presencia del Estado", expresó la ONU.

Es por eso que instó a Colombia a "avanzar y profundizar la implementación integral del acuerdo de paz" que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, especialmente en lo relacionado con las "garantías de seguridad que ofrecen mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad".

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