Piden a Argentina que revise legislación sobre el aborto

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió hoy a Argentina que revise su legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo e introduzca excepciones a la prohibición del aborto.

El Comité vela por la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tras revisar el caso de Argentina entre el 29 y el 30 de junio, hoy publicó sus conclusiones finales sobre dicho examen.

En ese texto, el Comité pide a Argentina que "revise su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal, en particular mediante la introducción de excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer".

Asimismo, los expertos del Comité muestran su preocupación porque haya diferencias sustanciales en el derecho a la interrupción del embarazo en función de donde la mujer resida dada "la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto".

"El Estado debe, asimismo, asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo", reza el texto.

Concretamente, el Comité pide que se revise "el caso de Belén" y se apliquen los estándares internacionales en la materia.

"A la luz de situaciones como el "caso de Belén", el Estado debe considerar la descriminalización del aborto y debe, asimismo, revisar el "caso de Belén" con miras a su inmediata liberación".

El "caso de Belén" es el de una joven de la norteña provincia de Tucumán encarcelada hace casi dos años por homicidio, aunque ella asegura que sufrió un aborto espontáneo.

Por otra parte, el Comité mostró su preocupación por la violencia institucional penitenciaria y por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad "producidas por la existencia de autogobierno y el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores".

"Le preocupan al Comité informes que dan cuenta de requisas vejatorias, alta tasa de violencia entre los detenidos, traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo. Le preocupa también que a solo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales".

Además, el Comité también denuncia que los castigos corporales no estén específicamente prohibidos como forma de disciplina en el hogar, en la escuela, en los centros de privación de libertad y en las instituciones de protección de menores.

Otro de los aspectos que destaca el informe es el de la práctica policial de detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, "sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial".

Finalmente, los expertos muestran su preocupación por las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales "que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión".