Un centenar de jueces brasileños vive bajo amenaza, según informe oficial

Brasilia/Un centenar de jueces brasileños vive bajo algún tipo de amenaza, de acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y publicado hoy por el diario O Estado de Sao Paulo.

El informe dice que el 97 % de las amenazas recibidas por jueces tiene relación directa con su trabajo y que en el 65 % de los casos los autores son conocidos por los magistrados.

Las amenazas son de diversa naturaleza y van desde los simples intentos de intimidar a los jueces mediante ofensas hasta las más graves, que llegan a advertir de posibles atentados contra sus vidas, sostiene el CNJ.

"Es preciso estar atentos porque no es una profesión cualquiera, ya que un juez lidia con la vida de las personas, decide parte de la vida de las personas y, en un proceso, siempre alguien pierde", dijo al periódico Tatiane da Costa Almeida, directora del Departamento de Seguridad Institucional del CNJ.

El informe dice que las amenazas ocurren en todas las ramas del Poder Judicial, pero que son más comunes en los casos de juicios por cuestiones familiares, laborales o de violencia doméstica.

También indica que los mecanismos más habituales para garantizar la seguridad de los magistrados son los refuerzos policiales en los propios tribunales, escolta personal, la utilización de automóviles blindados e incluso, en algunos casos, el uso de chalecos antibalas.

El informe identifica al estado de Río de Janeiro como el más "peligroso" para la actuación de los miembros del Poder Judicial y cita que allí ocurrió el último asesinato de un juez registrado en el país.

Fue en 2011, cuando la magistrada Patricia Acioli, que actuaba en el área criminal, fue asesinada con 21 balazos cuando llegaba a su casa.

La Justicia responsabilizó por el atentado a once miembros de la Policía Militar, que integraban grupos conocidos como milicias, unas bandas parapoliciales investigadas por la jueza y que aún disputan el control de la venta de drogas en las barriadas populares con los narcotraficantes.

En parte por la violencia desatada por las milicias, el Gobierno del presidente Michel Temer decretó este año una intervención en el área de seguridad de Río de Janeiro, que puso a las policías de ese estado bajo órdenes de las Fuerzas Armadas.

Las amenazas contra el Poder Judicial han llegado a la propia Corte Suprema, que la semana pasada anunció que reforzará la seguridad del magistrado Edson Fachín, quien actúa en ese tribunal como instructor de la operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción realizada en el país.

Fachin asumió la instrucción de ese caso en enero de 2017, después de que el anterior responsable en la Corte Suprema, Teori Zavascki, falleció cuando un avión en que viajaba cayó en forma accidental al mar, en el litoral de Río de Janeiro.

Esa investigación comenzó hace poco más de cuatro años, detectó multimillonarias irregularidades en la petrolera estatal Petrobras, luego desbarató una serie de tramas corruptas en todos los niveles de la administración pública brasileña y llevó a prisión a decenas de poderosos empresarios e influyentes políticos.

La decisión de reforzar la custodia de Fachin fue tomada después de que el propio juez denunció que tanto él como algunos miembros de su familia habían recibido amenazas, aunque sin llegar a precisar su tenor.