La justicia acepta nuevas acusaciones contra Odebrecht por el caso Petrobras

Los nuevos cargos contra Marcelo Odebrecht.
Los nuevos cargos contra Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, y tres exdirectores se refieren a contratos para obras en una petroquímica, una planta de condensación de gas, un gasoducto y unas plataformas petroleras, todas propiedad de Petrobras. / EFE
Efe
19 de octubre 2015 - 13:21

La justicia brasileña aceptó unas nuevas acusaciones contra el presidente del grupo Odebrecht y tres exdirectores de la constructora por irregularidades en contratos con la estatal Petrobras, informaron hoy fuentes judiciales.

Los nuevos cargos contra Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, y tres exdirectores se refieren a contratos para obras en una petroquímica, una planta de condensación de gas, un gasoducto y unas plataformas petroleras, todas propiedad de Petrobras, según informó el juez federal Sergio Moro, a cargo del caso.

El presidente de Odebrecht, una de las principales constructoras de Brasil, con operaciones en decenas de países, muchos de ellos de América Latina, está en prisión desde el pasado 19 de junio debido a acusaciones de fraude en otros contratos con la petrolera estatal.

Además de formular nuevos cargos contra Odebrecht y los tres exmiembros del directorio de la compañía, el juez Moro incluyó en esa nueva denuncia a los exdirectores de Petrobras Pedro Barusco y Renato Duque, que también están en prisión por el mismo asunto.

Por los escándalos de corrupción en Petrobras, que salpican a una veintena de empresas privadas, también se investiga a medio centenar de políticos, entre los que figuran el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.

Entre los políticos ya en prisión y condenados por este asunto está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, contra quien el juez Moro dictó una sentencia de 15 años de prisión.

Las corruptelas en la petrolera han generado una aguda crisis política y dado fuerza a la oposición para insistir en la apertura de un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aunque hasta ahora ninguno de los pedidos en ese sentido ha prosperado.

Según la Policía Federal, que investiga el caso, las empresas privadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.

La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción que operó en la empresa se apropió en forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares.

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