Las protestas siguen en Bolivia pese a la disposición de negociar de Evo Morales

Las protestas en Bolivia en contra del nuevo Código del Sistema Penal continúan hoy pese al anuncio del presidente Evo Morales de que su Gobierno debatirá la norma con sectores sociales para hacer los ajustes que sean necesarios.

Las manifestaciones se concentran esta jornada en Cochabamba (centro), una de las principales ciudades del país, donde se cumple un paro ciudadano para exigir al Gobierno la abrogación del código penal.

La medida, convocada por el Comité Cívico de Cochabamba, tuvo respuesta sobre todo de organizaciones vecinales y sindicatos de transporte, que realizaron bloqueos callejeros y de las carreteras que conectan a la ciudad con el resto del país, según mostraron los canales de televisión locales.

La terminal de autobuses suspendió los viajes hacia otras regiones bolivianas a causa de los bloqueos. El alcalde de Cochabamba, el opositor José María Leyes, destacó la contundencia del paro ciudadano, que según dijo también reclama que el presidente Morales respete los resultados del referendo constitucional de 2016 que le negó la posibilidad de volver a postularse en las elecciones de 2019.

Una consulta el 21 de febrero de 2016 rechazó la posibilidad de que Evo Morales opte al que sería su cuarto mandato consecutivo, ya que la Constitución que él mismo promulgó establece un máximo de dos seguidos, pero un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia a finales de 2017 le habilitó para presentarse de forma indefinida.

"Las familias cochabambinas unidas en esta jornada de paro ciudadano diciéndole NO al código penal y exigiendo respeto al #21F #CochabambaPara", escribió Leyes en Twitter.

En La Paz, capital administrativa de Bolivia, hubo una marcha de comerciantes, universitarios y trabajadores del sector salud, mientras que en Potosí (suroeste) se movilizaron transportistas de carga pesada y el Comité Cívico Potosinista para reclamar la derogación total del código penal.

La semana pasada, la región de Santa Cruz, la más próspera y grande del país, también cumplió un paro convocado por dirigentes cívicos con la misma exigencia.

Las protestas contra la nueva ley penal continuaron pese a que Morales anunció el lunes que da un plazo de un año para "debatir" sobre los artículos que son objetados por varios sectores y abrió la posibilidad de modificarlos, si el Gobierno considera demostrado que afectan a los disconformes.

La nueva norma, promulgada el mes pasado, tiene un plazo de año y medio antes de su entrada en vigor. El nuevo código generó movilizaciones de médicos, que durante mes y medio se pusieron en huelga, maestros, transportistas, sindicalistas y las Iglesias católica y evangélica, entre otros, por considerar que criminaliza su labor con penas hasta de cárcel por cuestiones como la mala praxis profesional.

En un acto de inauguración de obras en el departamento de La Paz, Morales criticó que la oposición difunda "mentiras y mentiras" sobre el nuevo código penal a través de redes sociales. Anunció que próximamente se comenzará a informar cómo la nueva norma "beneficia a los trabajadores, al pueblo boliviano".

El ministro de Justicia, Héctor Arce, por su parte, sostuvo que las movilizaciones no tienen justificación tras el anuncio de Morales de que se abrirá un periodo de un año para debatir el texto.

"Ninguna medida de presión se justifica, a no ser que esta se base en fines oscuros, mezquinos, sectarios y políticos", dijo Arce. Criticó a la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo que sustenta al Ejecutivo, porque "no ha habido suficiente socialización" de la ley antes de su aprobación, aunque defendió que "como nunca antes hay una gran voluntad" del Gobierno para mejorar esta norma.