Abogado pide a implicados en "pinchazos" entregarse a las autoridades

Ángel Álvarez, uno de los abogados panameños quedemandó porinconstitucionalidad elasilo otorgado en Panamá a María Del Pilar Hurtado, esperaque la entrega de la exdirectora del Departamento Administrativode seguridad (DAS)de Colombia, acusada de espionaje político,sirva de ejemplo para quienes tienen responsabilidad en las escuchasilegales realizadasen en el país.

En ese sentido dijo queque las personas que según él,han huido de Panamáporque tienen responsabilidad en loscasos de escuchas ilegales que se hicieron durante la pasada administración gubernamental, serán alcanzados por la justicia.

Álvarez se refirióa los dos exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional sospechosos delas interceptaciones ilegales de las comunicaciones en Panamá, Ronny Rodríguez, alias "Didier" y William Pittí, a quienes recomendóentregarse a las autoridades, cooperar con las investigaciones y no seguir encubriendo delitos que atentan contra el estado de derecho y ponen en riesgo la democracia.

El abogado nodescartóla posibilidad de que la exdirectora del DAS de Colombia apoyara las interceptaciones de las comunicaciones en Panamá, ante la similitud de los casosen ambos países

La Fiscalía Auxiliar de Panamá estimó que por lo menos a 150 personas, entre políticos, empresarios, magistrados, dirigentes sindicales, abogados, les fueron interceptadas las conversaciones telefónicas, así como sus correos electrónicos y correspondencia. Esta cifra podría aumentar.

Por el caso de los "pinchazos telefónicos", están detenidos, imputados del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, los exejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

La entrega de la exfuncionaria colombiana se produjo la madrugada de este sábado 31 de enero de 2015,luego de que el viernes la Interpol publicara una circular roja solicitando su captura internacional por los delitos de "concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública".