A pesar que en el Decreto Ejecutivo No. 167 del 3 de junio del 2016 se incluye la opción de que los extranjeros interesados en regular su estatus migratorio puedan ser asistidos por abogados, los juristas se oponen a la nueva norma porque aseguran que se han flexibilizado demasiado los métodos.

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Además indican que esto sigue colocando en desventaja laboral a los panameños versus los extranjeros. 

Igualmente el Colegio de Abogados cuestiona que en el pasado se realizaron más de quince ferias del "Crisol de Razas" en las que se legalizaron a miles de extranjeros que habían infringido la ley migratoria y que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se comprometió a poner fin a este tipo de métodos. 

El Colegio de Abogados plantea una gran preocupación ya que asegura que la flexibilidad de las normas migratorias provocan que aumente la posibilidad de que se cometa el delito de trata de personas y afecta a los panameños que se ven obligados a competir con mano de obra extranjera. 

Alega el documento publicado este lunes 6 de junio, que se requieren extranjeros que aporten al desarrollo económico y social del país. 

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Los abogados dejan entrever que la motivación principal del Decreto Ejecutivo 167 es lograr recaudación económica y en ese sentido señalan que se deberían buscar otros métodos para obtener mayores ingresos.