El abogado Dionisio Rodríguez, dijo que cuando se dio la discusión del proyecto de ley en primer debate por segunda ocasión, se hicieron varias propuestas por parte del Colegio Nacional de Abogados, ya que el artículo que trata sobre la colaboración eficaz en el Sistema Pena Acusatorio (SPA), no podía ser lo mismo que se trataba de trasplantar al Sistema Inquisitivo.

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Explica que no podía ser igual, ya que dentro del SPA existe todo un cuerpo normativo que le daba fuerza al artículo 220 que es el que contempla la colaboración eficaz y que hace que los acuerdos que se establezcan funcionen, bajo dos premisas: la aceptación de cargos y la colaboración eficaz.

Recalcó que el proceso que se da en ambos sistemas, tanto el inquisitivo como el acusatorio no es el mismo.

Rodríguez también dijo que dentro de la nueva norma hay algo peligroso, ya que contempla varias opciones: dentro de un proceso se puede acordar una rebaja de pena, pero da la opción de mantener en suspenso la solicitud de apertura criminal.

Lo anterior quiere decir que se suspende el proceso hasta que la persona involucrada declara y luego que declara, se cierra el proceso de ese imputado, lo que según el representante del CNA, es una potestad muy seria para el Ministerio Público (MP).

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Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Elías Castillo, mencionó que el proyecto de ley se había presentado hacía mucho tiempo, incluso antes de que aflorara el caso Odebrecht, pensándose en el hacinamiento que hay en las cárceles de Panamá.

Sobre la norma que ha sido aprobada, Castillo coincidió con el abogado Rodriguez, al decir que lo peligroso de la norma, es la ventana que se abre en cuanto a la posibilidad de que se cierre un caso, “ porque si ya ha habido confesión de un delito por parte de una persona, la misma debe pagar por ese delito”.

En tanto, Juan Carlos Arango, diputado del Partido Popular manifestó que lo que se busca con el proyecto es apoyar a la fiscalía, Órgano Judicial y Ministerio de Gobierno, debido a que hay más de 6 mil ciudadanos esperando juicio.

Lo que corresponde, agrega Arango, es confiar en que los funcionarios del Órgano Judicial la apliquen de la mejor forma posible y no para crear impunidad. Para ello le corresponde a la ciudadanía vigilar que se aplique de la mejor manera, agregó.

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El abogado Dionisio Rodríguez, aclaró que la ley se requería, pero el tema que causa problema es el relacionado con la colaboración eficaz, porque es el MP el que va a determinar que la colaboración es buena y en lo aprobado en la AN no se establecieron parámetros para decir si una colaboración es efectiva o no.