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La prueba mediría los conocimientos de los alumnos en lectura, comprensión, redacción, matemáticas y ciencias.
El Ministerio de Educación (Meduca) fijaría un “promedio óptimo” a nivel nacional. Los planteles que lo superen recibirían bonificaciones, los que no tendrían que presentar un plan para remediar sus deficiencias.
El Meduca tendría 180 días a partir de la entrada en vigencia de la Ley para desarrollar la prueba.
“En un mundo globalizado es indispensable establecer un mecanismo de evaluación objetivo que permita evaluar las fortalezas, debilidades y oportunidades de nuestro sistema educativo teniendo presente la mejora continua del mismo”, argumenta el anteproyecto en su exposición de motivos.