La Asamblea Nacional discute varios proyectos de ley dirigidos a la protección del menor de edad

Tras las denuncias de supuestos maltratos y abusos sexuales a menores de edad en albergues, muchas son las voces que se han sumado para advertir que no existe un marco legal integral para la protección de los menores en Panamá, insistiendo que es necesario avanzar en los proyectos de ley que existen en la Asamblea para evitar que hechos tan atroces como estos no vuelvan a ocurrir.

Según la diputada Corina Cano, miembro de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia indicó que en esta comisión se discuten proyectos como la modificación a la ley de adopciones por la problemática de extender el plazo para darle la oportunidad a una familia de adoptar un niño y que no se institucionalice en los centros de protección.

También se ha discutido el proyecto de acogimiento familiar que busca respuestas y herramientas jurídicas para brindar protección al menor. Otro proyecto presentado en esta comisión fue el de apoyo económico a instituciones de protección que se encuentra en segundo debate. Cano mencionó que en la Comisión de Gobierno se discutió el proyecto de registro de ofensores para que toda persona que requiere tener conocimiento de a quién contrata para el cuidado de los niños tenga esa información.

La diputada indicó que la Ley de Primera Infancia que ya fue sancionada incluye sistema de protección de niños que requieren cuidados especiales y se brindan todas las situaciones que requieren temas de protección.

“Los que estamos involucrados en temas como leyes relacionadas con la niñez y la adolescencia sabemos que hay un consenso a nivel de juzgados y tribunales de niñez donde y hay material importante que podemos rescatar y ponerlos en la palestra de herramientas jurídicas para llegar a un consenso de soluciones reales para la protección de la niñez”, manifestó Cano.

Para Cano, los proyectos que están en segundo debate deben avanzar porque ya fueron analizados, sin embargo, lo ideal es hacer una convocatoria entre las personas e instituciones para complementar un proyecto de ley que realmente recoja la articulación de los diferentes entes del Estado.

Recordó que entre julio y agosto del 2020 se presentaron denuncias donde simplemente se separaron a los adultos que tuvieron algún tipo de situación comprometedora que afectaron a los niños, pero de allí no pasó, por lo que es necesario que se sancione enérgicamente a estas personas.

Resaltó que hay instituciones que no tiene el personal calificado y eso es algo que hay que fortalecer. “Los recursos que el Estado da tienen que ser para el garantizar la protección de los niños no para salario de ejecutivos ni organizaciones, tiene que ser para que los niños directamente se vean beneficiados. Son recursos del Estado por lo que deben ser fiscalizados”, sostuvo Cano.

Concluyó diciendo que sí se han tenido las conversaciones y esperan concretizarlas porque los centros de protección y la población vulnerable requiere herramientas jurídicas para que cuando ocurren estas cosas a ninguna autoridad le tiemble la mano para tomar las decisiones que tenga que tomar.