Cámara Minera pide al Gobierno garantizar seguridad de trabajadores de Cobre Panamá

La Cámara Minera de Panamá ha emitido un comunicado sobre la situación presentada en el proyecto minero Cobre Panamá.

En un comunicado, el gremio ha informado que no existe una huelga declarada por los trabajadores de la empresa.

Aseguran que la actual paralización de los trabajos en la empresa minera se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de miles de trabajadores, ya que miembros del Suntracs, irrumpen al proyecto, con el principal objetivo de afiliar por medio de la violencia, la intimidación y la fuerza a los trabajadores de la empresa a la agrupación.

En la nota también plantean que el viernes 16 de marzo, se observó que la amplia mayoría de los más de 7 mil 500 trabajadores de la empresa, a pesar de los intentos para que no asistieran, se manifestaron pacíficamente en las calles de Penonomé, solicitando seguir ejerciendo su derecho al trabajo en un ambiente de tranquilidad y paz, además de exigir que se respete el derecho de libertad sindical consagrado en la legislación nacional e internacional.

Solicitaron al Gobierno, que actúe a la mayor brevedad para que garantice la seguridad y derechos fundamentales de los trabajadores del proyecto.

Explican que no es lo mismo un reclamo laboral planteado ante una empresa por los conductos y mecanismos establecidos para ello, a que grupos de personas, muchas ajenas a los colaboradores del proyecto, se tomen las instalaciones agrediendo personas, vandalizando la propiedad privada, y utilizando tácticas intimidatorias, amenazas y coacción a los trabajadores.

Con la paralización no solo se afecta la empresa y los trabajadores directos, sino también las más de 500 empresas proveedoras de insumos y equipos al proyecto y sus empleados.

También los pobladores de las comunidades aledañas, los negocios de emprendedores locales (restaurantes, cooperativas de agricultores) y hasta los miembros de las comunidades y organizaciones no gubernamentales que laboran en actividades de monitoreo participativo y gestión ambiental y social del proyecto.

Lo anterior, según la Cámara Minera, evidencia que lo que ocurre en el proyecto no es un problema de orden laboral, sino que se trata de un problema de orden público e invasión a la propiedad privada, que debe ser resuelto por las autoridades antes de que se puedan dar hechos lamentables, mayores afectaciones y consecuencias que se reflejen negativamente en la atracción de inversión que tanto necesita el país en estos momentos.