Canciller envía opinión de la CIDH sobre matrimonio igualitario al Órgano Judicial

La opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre los derechos de las personas LGBTI ya fue enviada por la canciller, Isabel De Saint Malo, al Órgano Judicial.

La nota que envió destaca que al haber ratificado Panamá la Convención Americana, los gobiernos están obligados a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con las normas de dicha convención.

En su amplio escrito de tres páginas, Saint Malo recordó que el artículo 4 de la Constitución establece que Panamá acata las normas del derecho internacional, es decir, que está obligado no solo a respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, sino garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeto a su jurisdicción.

Sin embargo, el abogado Juan Carlos Araúz asegura que la última palabra la tienen los diputados.

“Mientras la Asamblea no discuta, apruebe y el Presidente de la República no sancione una ley que de legitimidad a esto, simplemente estamos en un debate de tipo conceptual, de tipo social que no se va a materializar en una herramienta jurídica”, afirmó Araúz.

“A la Asamblea, hasta donde tengo conocimiento, no ha llegado esa opinión de la Corte Interamericana y la Cancillería no ha enviado nada a la Asamblea”, apuntó el diputado perredista, Leandro Ávila.

El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, dijo que la decisión de la Corte sí es vinculante para Panamá. Hay quienes esperan que el tema no sea utilizado como instrumento político.

“Esa posibilidad no escapa en ninguna parte. Donde un político vea que puede haber una ganancia política, lo probable es que lo haga sino tiene escrúpulos”, declaró el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado.

Para otros expertos el tema no busca trastocar los matrimonios eclesiásticos.

“Esto afecta únicamente los matrimonios civiles, no tiene impacto en los matrimonios religiosos”, explicó el experto en Derecho Internacional, Jaime Ordoñez.

Mientras llega el documento a la Asamblea Nacional. Ya hay muchos diputados que han expresado su oposición a esta discusión. El debate en los tres órganos del Estado apenas está comenzando.