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Casa por cárcel para Moncada Luna
Casa por cárcel para Moncada Luna
Alejandro Moncada Luna. Tiene 58 años de edad, se graduó de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en enero de 2010, durante la administración gubernamental de Ricardo Martinelli. Su periodo vence en 2020.
Este lunes, 20 de octubre de 2014, se convirtió en el primer magistrado al que se le separa del cargo en una audiencia que se realizó bajo el sistema penal acusatorio y que, además, recibió las medidas cautelares de casa por cárcel y de impedimento de salida del país mientras dure el proceso en su contra (máximo de dosmeses).
También se le cautelaron dos propiedades: el apartamento 16 del PH Santorini y el 26-B del PH Ocean Sky, ubicados en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, valorados en más de $1.7 millón. Fue precisamente la adquisición de estas propiedades lo que levantó suspicacias y motivó la denuncia presentada ante la Asamblea Nacional por parte del Colegio Nacional de Abogados y de la Alianza Ciudadana Pro Justicia el pasado 7 de octubre. Así comenzó el proceso en su contra.
A Moncada Luna se le investiga por enriquecimiento injustificado, ya que –según el fiscal de la causa, Pedro Miguel González– de enero de 2010 a la fecha, ha devengado un salario de $571 mil 531 dólares sin incluir deducciones. También se le investiga por blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos. Él insiste en que probará su inocencia.
El abogado Eduardo Morgan dijo en TVN Noticias que este caso marca un precedente porque es la primera vez que un magistrado de la CSJ es investigado por enriquecimiento injustificado en Panamá y también es la primera vez que el proceso se realiza según el sistema penal acusatorio. Ahora bien, Morgan advirtió la importancia de continuar la investigación y recordó que “siempre hay que mantener la presunción de inocencia”.
CUATRO HORAS EN LA AUDIENCIA
El magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, llegó con retraso a la Asamblea Nacional, a las 10:16 a.m. de este lunes, para participar en la audiencia de imputación de cargos en su contra. La misma terminó cuatro horas después, a las 2:37 p.m.
La audiencia de imputación de cargos es un acto que se hace siguiendo el proceso legal de responder en corto tiempo las denuncias de delitos y en el que el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas. Las juezas de garantías –en este caso, las diputadas Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy– son las responsables de la toma de decisiones.
La aparición pública de Moncada Luna fue la más esperada del día, ya que el pasado fin de semana las autoridades no pudieron ubicarlo, ni siquiera tras el allanamiento que hicieron en su apartamento en el PH Ocean Sky. Fue el propio Moncada Luna quien, a través de TVN Noticias, anunció que participaría en la audiencia de imputación de cargos que se encontraba en receso desde el día viernes 17 de octubre. Así ocurrió.
Moncada Luna llegó al salón Azul del palacio legislativo en compañía de su abogado, Sidney Sittón, y de su primo, Gonzalo Moncada, el mismo que el sábado pasado había salido al paso de los cuestionamientos hechos a su familiar, manifestando que este caso es una “persecución política”.
‘HAY ELEMENTOS SUFICIENTES’
La jueza de garantía Levy, quien presidió la audiencia, dejó claro que las medidas cautelares están debidamente fundamentadas porque el fiscal González presentó “suficientes elementos que vinculan [al magistrado] con el hecho denunciado”.
Levy dijo que dos de los cuatro delitos que se le imputan a Moncada Luna son graves y tienen penas mínimas de cuatro años de cárcel.
Pese a que la defensa de Moncada Luna pidió la palabra en reiteradas ocasiones durante la audiencia, no sintió que recibió un trato justo. “Aquí se está aprobando todo lo que pide el fiscal”, se quejó el abogado Sittón, al tiempo que advirtió que la defensa llegará si es necesario hasta instancias superiores en el plano internacional.
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
Para el fiscal González, en la investigación preliminar “no existe fuente legítima que justifique el incremento patrimonial” de Moncada Luna.
En base a estas investigaciones, “se evidencia que no existe correspondencia entre las inversiones de ambos apartamentos con los ingresos obtenidos por el magistrado”.
“No encontrándose, hasta este momento, elementos que justifiquen la procedencia del dinero con los cuales se adquirieron estos bienes [los dos apartamentos], se desprenden grandes indicios” de que estamos ante serias irregularidades, señaló González.
El fiscal recordó que en la declaración jurada patrimonial que hizo Moncada Luna cuando entró a ocupar el cargo de magistrado de la Corte, solo declaró ser propietario de un vehículo Land Cruiser Prado del año 2005 y de un reloj Rolex tipo Presidente de oro.
El magistrado declaró que no era titular de ningún tipo de cuota de participación de sociedad anónima ni limitada ni de cooperativa, agregó el fiscal.
Según información recabada por la fiscalía a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), se determinó que en las declaraciones de renta de Moncada Luna, entre 2004 y 2009, el abogado tuvo ingresos “apenas superiores a los $12 mil por año”.
Y desde enero de 2010 a la fecha, el magistrado ha devengado un salario de $571 mil 531 dólares sin incluir las deducciones que dicta la ley ni los gastos personales o familiares, de acuerdo con los registros de la DGI.
Así las cosas, el fiscal señaló que queda claro que el patrimonio del magistrado “no refleja la posibilidad de adquirir los cuantiosos bienes que posee”.
ESPOSA IMPLICADA
González manifestó que la fiscalía pudo constatar que Moncada Luna conformó dos sociedades luego de ingresar a la CSJ: Corporación Celestial, en septiembre de 2010; y Corporación Alpil, en enero de 2013. En ambos casos aparece como propietario junto a su esposa.
Mencionó que la esposa del magistrado, María del Pilar Fernández de Moncada, también ha tenido un comportamiento irregular en sus cuentas bancarias y en la participación en dos sociedades.
El fiscal citó que en marzo de 2011, Fernández de Moncada –como representante de Corporación Celestial– compró a Grupo Corcione el apartamento 26B del PH Ocean Sky, por un monto de $545 mil. Esa suma fue cancelada así: $395 mil al momento de la firma; y $159 mil a través de un financiamiento del Banco Nacional, pactado a 23 años, con una letra de $1,000 por mes. Ese monto fue cancelado 29 meses después de que el inmueble fue adquirido.
González continuó con sus señalamientos y dijo que el 2 de octubre de 2013 Fernández de Moncada abrió una cuenta bancaria por un monto de $430 mil.
Siete meses después, el 5 de mayo 2014, el magistrado y su esposa hicieron una compra millonaria, esta vez a Corporación Coco del Mar. Adquirieron por $1 millón 729 mil el apartamento 16 del PH Santorini, cancelándolo en su totalidad en un periodo de un año y tres meses, aproximadamente.
“En las compras de ambos apartamentos resaltan cheques de gerencia de Banco Universal por $1 millón 200 mil, sin que hasta el momento se haya podido determinar el origen lícito de esos fondos”, advirtió González.
El fiscal dijo que el 9 de febrero de 2011, justo cuando se “perfeccionaba la transacción del primer apartamento en Ocean Sky, Moncada Luna fue ponente de un fallo” correspondiente a un litigio entre Petrolera Nacional y Banco Universal, en el que resultó favorecido este último. Queda claro que en este caso hay mucho que explicar, dejó entrever el diputado fiscal.
