Conflictos de intereses podrían empañar las investigaciones a lo interno de la AN

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), solicitó este lunes 13 de marzo, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que inicie cuanto antes una investigación a los diputados que presuntamente se encuentran vinculados en el escándalo de corrupción de una supuesta red en la Asamblea Nacional (AN) que lucraba con millones de dólares en donaciones.

Apede espera que de comprobarse la “veracidad de los hechos y la identidad de los perpetradores”, las autoridades deslinden de una vez por todas las responsabilidades y se “sancione de manera ejemplar tanto a los funcionarios, como a particulares en estricto apego a la ley”.

A juicio de la Asociación de Ejecutivos de Empresas, no es “legal, ni moral” que las investigaciones de los hechos supuestamente ilícitos sean adelantadas por una comisión designada por la propia Asamblea Nacional y que esté compuesta enteramente por miembros de este Órgano del Estado, ya que es evidente que los integrantes de la comisión estarían frente a un claro conflicto de intereses.

Finalmente, la Apede pidió al electorado que “contribuyan con su voto responsable para erradicar este tipo de prácticas que conllevan al clientelismo político”.

Inician auditorías

Este lunes se instalaron los auditores de la Contraloría General de la República, para iniciar oficialmente las investigaciones.

Y es que la intensa labor de los auditores se dará luego que el contralor Federico Humbert, autorizara a miembros de su equipo para auditar los fondos utilizados por los diputados de la AN, ya que no puede investigar a los padres de la patria, porque esa es responsabilidad de la CSJ.

Durante la auditoría, se revisará el proceso de emisión y pago de contratos por servicios profesionales, así como las donaciones realizadas entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, luego de las publicaciones de un medio local que revelaron el desembolso de 14 millones de dólares en donaciones y subsidios por parte de los diputados y el pago de 68 millones de dólares por servicios profesionales que, en muchos casos, no se realizaron.