Contralor envía carta a la CSJ por impedimento de ingreso de auditores a la Asamblea

El contralor de la República, Federico Humbert, ha enviado una carta al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, debido a la reiterada prohibición para el ingreso de los auditores a la Asamblea Nacional (AN).

Dijo que es una vergüenza y una lástima que no se permita el ingreso de los funcionarios para que hagan su trabajo.

Sin embargo, adviertió que harán todo lo que sea permitido para fiscalizar lo que ha pasado en la AN y cómo se utilizaron fondos públicos.

Mediante la misiva, Humbert pone en conocimiento del magistrado presidente de la CSJ, la negación de la Asamblea Nacional a dejar que funcionarios de la Contraloría General entrarán al Legislativo para realizar una auditoría.

En la carta, fechada del 14 de junio, el contralor hace saber a De León, sobre “los graves y anómalos hechos acaecidos el día 13 de junio de 2019, en la Asamblea Nacional, en virtud de los cuales nuevamente se impidió que nuestra institución ejerciera su función fiscalizadora sobre los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos de la Asamblea Nacional, en flagrante violación de las normas constitucionales y legales que otorgan a la Contraloría General de la República dicha atribución”.

Humbert destacó, que una sentencia del 13 de septiembre de 2018, dictada dentro del proceso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la presidenta y representante de la Asamblea Nacional [Yanibel Ábrego], en contra de la Resolución Número 685-2018-DIAF de 15 de mayo de 2018, mediante la cual se ordenó realizar una auditoría tendiente a determinar la corrección o incorrección en los recursos asignados al financiamiento de gasto.

“Gratificaciones, incentivos y otros servicios de la planilla 080 de la Asamblea Nacional, sostuvo el acto administrativo se dictó en el marco de la función fiscalizadora que ejerce la Contraloría General de la República sobre el manejo de los fondos públicos en las dependencias del Estado, que, en el caso de estudio, recae sobre la Asamblea Nacional, dentro de las actividades administrativas que realiza dicho órgano del Estado”.

El contralor reiteró que, el pleno de la CSJ, al admitir el amparo de derechos constitucionales, por medio de la Resolución del 28 de mayo de 2018, no suspendió el acto impugnado, “razón por la cual , aun cuando se haya presentado una solicitud de Aclaración de Sentencia de 13 de septiembre de 2018, no existe justificación alguna para que la Asamblea Nacional impida que la contraloría ejerza sus funciones constitucionales y legales en orden a la fiscalización de los actos de afectación de fondos y otros bienes públicos”.

Insta al Pleno de la Corte a adoptar medidas que “con carácter de urgencia y de manera oportuna den fiel y eficaz cumplimiento a lo normado y dispuesto en la Resolución”.