Harry Díaz pide más control en viajes de magistrados

Corte Suprema de Justicia
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Este lunes 25 de enero el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado le envió una carta al magistrado Harry Díaz para que presentara un proyecto sobre reglamentación de los viajes al extranjero realizados por los magistrados.

La respuesta del magistrado Díaz fue inmediata y en otra carta enviada también este lunes le dio cuatro recomendaciones al presidente de la CSJ.

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Señaló que cada viaje de un magistrado debe ser previamente autorizado por el pleno de la CSJ, para que evalúe si es conveniente o no.

Además que si un magistrado desea participar de un curso o seminario, que estos estudios sean tomados durante sus vacaciones y con sus propios ingresos.

Igualmente recomendó que cuando el viaje y estadía esté cubierto en su totalidad por terceras personas, que solo se le de entre 10 y 15 % de viático al funcionario y no el 30% como se les otorga en la actualidad.

También destacó que cuando viaje el presidente de la CSJ no lo acompañe el vicepresidente, si van al mismo lugar. Uno de los dos directivos debe quedarse, manifestó.

Las recomendaciones del magistrado Díaz deben ser aprobadas en el pleno de la CSJ.

Piden investigación por viajes

Estos planteamientos surgen luego de que Ayú Prado reiteró la semana pasada que los viajes seguirán, a pesar que han sido blanco de críticas por parte de la sociedad civil y se han presentado solicitudes en la Asamblea Nacional (AN), para que se investiguen.

La polémica surge porque desde el 2012 hasta mediados del año pasado se desembolsaron más de 200 mil dólares en viáticos a magistrados.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, pidió a la AN para que se investiguen los viajes, principalmente los del magistrado presidente Ayú Prado, ya que fueron numerosos.

En un comunicado, la organización informó que los magistrados son funcionarios que ganan altos salarios y son los que más han viajado, por lo que consideran que si se encontrara una irregularidad, se podría estar incurriendo en el delito contra la Administración Pública.

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