Advierten que urge resolver la debilidad institucional en Panamá

Los escándalos de Mossack – Fonseca, Waked y Odebrecht, siguen generando cuestionamientos en cuanto a la capacidad de las instituciones panameñas, para la prevención y castigo de delitos relacionados con corrupción.

A estos casos, se le suman los temas locales, donde también se cuestiona si los funcionarios cumplen con su labor de garantes de la justicia y transparencia en estos casos.

Estos temas fueron analizados este domingo 28 de mayo en el programa Radar.

El abogado Carlos Barsallo, dijo que hay un tema de debilidad institucional evidente, tomando en cuenta el resultado de una encuesta que refleja que el 66% de las personas participantes consideran que en Panamá no se le da seguimiento a los grandes escándalos por falta de voluntad.

Aseguró que se requieren medidas urgentes para resolver esa situación, porque las entidades están precisamente para atender las necesidades y los pedidos de alguien.

En tanto, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Richard Morales cree que la funcionalidad o no de una institución va a depender de quien la haya estructurado y en base a ello, los panameños, a través de los años han aprendido que las entidades en Panamá le permiten a los poderosos y a las elites, encubrirse entre sí y pisotear la aparente legalidad.

En cuanto a la solicitud de extradición de Ricardo Martinelli, que se presentó en la Cancillería de la República, Morales aseguró que esto solo se dará si el expresidente logra negociar con el Gobierno actual algún tipo de acuerdo que sea ventajoso para ambas partes.

“El acuerdo que se pacte [entre Martinelli y el Gobierno actual, no será de beneficio para el país”, consideró Morales.

Juan Carlos Arango, diputado del Partido Popular, mencionó que en un tema judicial, como es el caso del expresidente Martinelli, se deben respetar todas las fases para que no se cometan errores técnicos y destacó como uno de los problemas la falta de una carrera administrativa, que se afecta principalmente por temas políticos.

Por su parte, la historiadora Ana Elena Porras, sostuvo que se siente identificada con el segmento de la población que está decepcionada de la gestión de Juan Carlos Varela, que prometió en tiempos de campaña que en su gobierno enfocaría parte de sus esfuerzos en el fortalecimiento de la institucionalidad.

“También hay la percepción de que la justicia se está tornando venganza”. – Ana Elena Porras.

Mientras que el excontralor de la República, José Chen Barría, resaltó que los pueblos organizados en sociedades o escogen o le imponen sistemas de gobierno y cuando se tiene un sistema democrático, lo más importante es la institucionalidad y el sistema de justicia.

Chen Barría mencionó que cuando la institucionalidad es débil, todo el sistema democrático también lo será.

El exfuncionario agregó que hay expectativas sobre cuáles van a ser las alternativas de institucionalidad para el año 2019.

Escándalos internacionales

Chen Barría expresó que si el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sanciona la Ley de Contrataciones Públicas, se le conocerá históricamente como “Ley Odebrecht”, ya que no se ha tomado en cuenta la opinión de los distintos sectores de la sociedad.

Explicó que un grupo de ciudadanos envió una carta a la Contraloría de la República, para que no se refrendara el contrato de la Línea Dos del Metro y el proyecto de Renovación Urbana de Colón, ante los escándalos de corrupción que se han destapado y que involucran a la constructora brasileña.

“La palabra Odebrecht va a pesar mucho para el Gobierno actual. Las reglas del juego han cambiado y se requiere total transparencia en la administración pública”, dijo Chen Barría.

Sobre el tema Ana Elena Porras, dijo que cuando se le envió la nota al contralor Humbert, no se le habían adjudicado los contratos a la empresa Odebrecht, pero sí se conocían de todos los escándalos y lo que se dan en Panamá en materia de justicia e institucionalidad es un problema de fondo, que no se van a solucionar con pequeños ajustes.

El diputado Arango aseguró que no se podría justificar que hay una conspiración contra Panamá, en relación con los escándalos, sino que hace falta una ley debidamente estructurada para temas de empresa que han sido condenadas por corrupción en otros lugares.

Panamá y principalmente el Gobierno ha rehuido de su responsabilidad de vigilar que las instituciones cumplan con su rol.

Turismo parlamentario

En cuanto a las críticas que surgieron por los viajes que se han realizado por parte de los diputados, y sobre todo el costo que han tenido para el Estado, sumado al hecho de que la diputada del Partido Panameñista, Kathleen Levy, publicó en su cuenta de Instagram una foto como si estuviera de Safari, su colega, el diputado Arango, sostuvo que se debe revisar el tema de la Constitución, en cuanto a la función que debe cumplir un diputado.

Sin embargo, justificó las giras internacionales, asegurando que muchas veces sirven para adquirir modelos de gestión en diversos temas, que se podrían establecer en Panamá y agregó que en la Asamblea Nacional, “todos los diputados trabajan”.

Chen Barría dijo que todo Gobierno necesita hacer viajes, pero deberían estar regulados. Explicó que los viáticos están regulados por región y por categoría de funcionarios, pero lo que ha pasado es que se ha abusado y no se ha justificado correctamente el uso de viáticos y viajes.

Porras mencionó que en ocasiones el electorado es muy dado a criticar a los gobernantes, pero fueron ellos mismos quienes los escogieron y en ese sentido, dijo que los políticos son el reflejo de la sociedad, a la vez que recalcó que muchas veces el electorado se siente defraudado por las promesas que se hacen en campañas y lo que se hace durante la gestión.

“Existe la precepción de que los políticos mienten. En periodo de campaña son un cosa y en el poder son otra”. – Ana Elena Porras.