Dirigente de Asoprof pide al MP que confirme si fue pinchado

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Diógenes Sánchez, manifestó este viernes, 23 de enero de 2015 a TVN-2. com, que ha enviado una nota al Ministerio Público para verificar si sus comunicaciones han sido interceptadas.

Sánchez dijo que ha pedido que se revise su teléfono celular y de la oficina en la sede de Asoprof, así como sus correos electrónicos porque sospecha que sus comunicaciones fueron interceptadas por el gobierno anterior.

El dirigente espera recibir la próxima semana una respuesta ante su solicitud.

Sánchez dijo que heredó el teléfono celular del exsecretario de la Asoprof, Andrés Rodríguez y siempre sospecharon que ese número fue intervenido, ya que cuando se reunían, las autoridades siempre se enteraban de lo que ellos discutían.

Recordó además, que como miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos (Frenadeso) participó en las protestas en Bocas del Toro contra la llamada "ley chorizo" y en los paros magisteriales.

La interceptación de las comunicaciones es una violación flagrante de los derechos humanos a la privacidad de las personas y de las organizaciones, ahondó el profesor Sánchez, por lo que demanda que a los responsables les caiga todo el peso de la ley.

Los exejecutivos del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz están detenidos en el centro penitenciario La Gran Joya, luego que el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar les imputó cargos por el supuesto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en el caso de las interceptaciones ilegales de las comunicaciones durante la pasada administración gubernamental.

Según el Ministerio Público, a 150 personas( entre dirigentes políticos, sindicales, gremiales, empresarios, magistrados) les habrían interceptado las comunicaciones telefónicas y correos electrónicos, pero la cifra podría aumentar a medida que avancen las investigaciones.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga también la desaparición de los equipos para escuchas, que fueron adquiridos a un costo de 13 millones de dólares a través de fondos del Programa de Ayuda Nacional en 2010.

El profesor Sánchez lamentó que se "desnaturalizara" el objetivo del Consejo Nacional de Seguridad de combatir el crimen organizado, y por lo contrario se dedicara a perseguir a dirigentes políticos, sindicales y magisteriales.

"Lamento mucho que el Gobierno [Del expresidente Ricardo Martinelli] haya censurado a los que tienen una voz disidente. Nos preocupa que el Consejo de Seguridad violara esas garantías", manifestó el profesor Sánchez.

El dirigente de la Asoprof puntualizó que interceptar las comunicaciones telefónicas es el resultado de un Estado autocrático que no respeta las garantías mínimas de los ciudadanos.

En un país democrático, las protestas son normales y no debe haber intervención del Estado y mucho menos "pinchazos" concluyó el secretario general de Asoprof.