Expresidente de Apede: Varela debe investigar si hay delito

Rubén Castillo, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, aseguró hoy en Noticias AM que el presidente electo Juan Carlos Varela tiene la obligación hacer una investigación, buscar cualquier hecho delictivo y si lo encuentra, informar a la sociedad y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

La limitación del presidente, puntualizó Castillo, llega hasta ahí, denunciar el hecho, pero no ha provocar perturbación ni persecución; es decir, no llamar a que detengan a alguien.

El imperativo moral es decir "me encontré esto", recalcó Castillo.

El presidente electo ha reiterado que revisará y auditará todos los contratos que haya hecho este gobierno.

El expresidente de la Apede también aconsejó al presidente electo recomponer la comunicación con los ciudadanos, establecer las vías para que estos se sientan parte de la construcción de la democracia.

Un gobernante, subrayó Castillo, debe ser tolerante, gobernar en base a principios y respetar la separación de los poderes del Estado.

Castillo recordó que por petición del hoy presidente electo, Juan Carlos Varela, conformó una comisión que investigó la represión en Bocas del Toro de las protestas contra la llamada "ley chorizo", y que este comité investigó, hizo un informe público y planteó perspectivas de solución para evitar que esos hechos volvieran a ocurrir, pero el Estado no cumplió, no avaló los resultados.´

En los disturbios en Bocas del Toro en junio de 2010, un total de 700 personas resultaron heridas con perdigones, de las cuales, 67 fueron heridas en los ojos y dos perdieron totalmente la visión. También 67 policías resultaron heridos.

Dos años después, se registraron violentas manifestaciones protagonizadas por miembros de la Comarca Ngäbe Buglé, cuando el gobierno quiso modificar el Código Minero, tras los cuales se reportaron tres decesos y 15 personas heridas.

Seis meses después las protestas se escenificaron en Colón, con un saldo de seis muertos, decenas de heridos cuando el gobierno del presidente Martinelli aprobó una ley para vender las tierras ocupadas por comerciantesen la Zona Libre de Colón.