Sugieren al Gobierno evitar discrecionalidad y enfocar el gasto en políticas públicas

El adelanto del pago del décimo tercer mes a los funcionarios, días previos al Carnaval, y el rechazo de la Contraloría General de la República al contrato para la celebración del IronMan elevan la percepción interna, de que existe discrecionalidad en la forma cómo se toman las decisiones con el manejo del presupuesto público.

En este sentido, la mayoría de los panelistas del programa Radar de este domingo 5 de marzo, coincidieron en que es necesario eliminar la discrecionalidad y procurar que el gasto responda a políticas públicas.

El economista Francisco Bustamante dijo que entiende los argumentos del Gobierno de que las clases comenzaban finalizado los carnavales, sin embargo, el dinero quedó a discreción del padre.

“Le dejó el papel al padre para que decidiera qué hacer y algunos se olvidaron de sus hijos. Yo no hubiese dado el dinero antes para no permitirle la tendencia de gastar el dinero, que igual lo iba a hacer”, apuntó.

Mientras, que Alfonso Grimaldo, del Periódico Digital Nueva Nación indicó que pareciera que hay “un desconecte entre lo que decimos que son nuestras prioridades y lo que está sucediendo en las finanzas públicas”.

Ejemplificó Grimaldo que la educación es una prioridad, pero “no se ve una atención en términos monetarios. “Se nota que el subsidio efectuado a través de la Presidencia y otros organismos estatales es lo que se está llevando la atención”.

Agregó que a su juicio, es “un legado de Ricardo Martinelli que dio una república asistencialista, todavía lo estamos manteniendo y pienso que en una época de desaceleración económica no estamos invirtiendo la plata donde deberíamos estar haciéndolo”.

Por su parte, José Chen Barría, excontralor de la República dijo que ningún funcionario debería tener discrecionalidad, porque el gasto público debe responder a “programas bien definidos”.

“La discrecionalidad debe eliminarse para que el gasto responda a políticas públicas”, recalcó el excontralor.

En tanto, Bustamante indicó que “hay decisiones que se toman al margen de los mecanismos y ese es el riesgo de que haya una discrecionalidad no autorizada, que esté funcionando y que no nos hayamos dado cuenta”.

La viceministra de Finanzas Eida Varela de Chinchilla defendió las prioridades “definidas” del Gobierno, en el plan que están ejecutando y destacó la necesidad de invertir más recursos en el componente social.

El rechazo al IronMan

Roberto Brenes, gerente general de Canal Bank lamentó que la Contraloría hubiese rechazado el contrato para celebrar en Panamá el importante evento deportivo, situación que calificó como “una incompetencia en la evaluación del proyecto”.

Señaló que si fuera por criterio técnico, otros programas deberían pasar el escrutinio del costo beneficio.

“La Red de Oportunidades y la Beca Universal son unos perfectos programas de subsidios a la vagancia y la incompetencia”, destacó.

Brenes indicó que entidades como la Autoridad de Turismo de Panamá y la Alcaldía de Panamá no supieron defender el IronMan.

Agregó que se perdió una gran inversión para el país, oportunidad que ahora aprovechan en Costa Rica y Cartagena, quienes realizarán el evento.

Auditorías a proyectos de Odebrecht

En este sentido, Chen Barría dijo que las auditorías de Odebrecht y cualquier otro proyecto del Gobierno no es “un tema discrecional del contralor, es un tema constitucional”.

Para el excontralor, las auditorías de la Contraloría son las que pueden dar las guías sobre la lesión patrimonial que se puede haber causado en los proyectos de los diferentes gobiernos.

“Si no tenemos una idea de la lesión patrimonial, el Tribunal de Cuentas no puede determinar qué y cómo va a recuperar el dinero”, insistió.

Chen Barría manifestó que las auditorías son importantes en la pieza judicial para que se demande alguna de las empresas. “Si no hay un documento oficial que diga que hubo lesión patrimonial no se va a poder sustentar”.

Listas negras

Bustamante manifestó su preocupación por las razones esgrimidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, para mantener a Panamá en una lista negra.

Falta de controles en la Zona Libre de Colón, legislación deficiente, excesiva confidencialidad y aduanas porosas mantienen a Panamá listado como uno de los principales lugares para lavar dinero en el mundo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Ese informe apunta que las zonas libres son un área sensible de lavado de dinero de manera tajante”, indicó Bustamante.

Para el economista es preocupante que haya una intención sistemática para eliminar las zonas libres.

Por su parte, Brenes sostuvo que Panamá debe tratar de recomponerse y trabajar para que haya órganos definidos para limpiar la imagen dentro y fuera del país.