Alquilar vehículos es un 'ahorro' y 'no compite con prioridades', según Director de Presupuesto

El director nacional de Presupuesto, Carlos González, señaló que la modalidad alquiler de vehículos genera ahorro al Estado y no compite con otras prioridades que tiene el país. Añadió que ahora el mecanismo es más transparente, porque se va a licitación y no a una contratación directa.

“La licitación tiene una condición no nos debe preocupar. Se está tergiversando o tratando de decir que esto compite con recursos que el país necesita para otras prioridades, pero en la administración pública estos actos tienen que realizarse con antelación”, afirmó el Director de Presupuesto, quien agregó que este gasto afectará la vigencia fiscal de 2021 y 2022, además que el proceso puede tomar 4 meses para ser adjudicado.

La licitación es por el orden de 10.3 millones de dólares para el alquiler de 251 vehículos asignados al Ministerio de la Presidencia y sus dependencias por espacio de dos años.

“El contrato de alquiler de vehículos es una modalidad que se ha establecido desde períodos atrás y constituía un practica que corregía una serie de gastos que incurría el Estado, como contratar talleres y mecánicos, bodegas para tener piezas y actividades que no eran propias del Gobierno”, expresó González.

“La nueva administración se está apegando a un proceso trasparente que ser supervisado por la sociedad”, según González.

El Director de Contrataciones Públicas explicó que antes el proceso se realizaba por contratación directa, sin mediar con “el concurso de los proveedores”.

“Esta licitación busca como objetivo la concurrencia y se hace a base de reglones. Cada tipo vehículo tiene una licitación y cada empresa puede concursar en todas o en un reglón especifico”, dijo González.

González señaló que el Ministerio de la Presidencia es quien debe sustentar las cantidades y necesidades requeridas.

“Hay un ahorro, es una práctica que se ha emulado con empresas privadas. Para el gobierno es un ahorro”, reafirmó González.

El Director de Presupuesto señaló que “cuando sucede el abuso la queja es justa. Hay un reglamento claro sobre el uso de bienes públicos. Cualquier funcionario cuando haga mal uso de estos bienes deben ser sancionados. Los administradores deben velar y la Contraloría tiene un proceso de fiscalización”.