MEF presenta proyecto de ley que incluye el fraude fiscal en el Código Penal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este jueves 18 de enero, ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la inclusión del delito de fraude fiscal como delito en el Código Penal.

Se trata del proyecto de ley que adiciona el Capítulo XII “Delitos contra la Hacienda Nacional”, al Título VII del Código Penal.

"El proyecto de ley está diseñado para los grandes evasores, quienes tienen ingresos millonarios y no pagan sus obligaciones tributarias” destacó el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, durante su presentación en la Asamblea Nacional.

En la iniciativa se estipula sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado "a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos".

Adicionalmente establece que para que haya delito tiene que haber fraude por encima de 300 mil dólares en un año fiscal.

El ministro De La Guardia señaló que el proyecto de ley presentado fue cuidadosamente redactado y se enfoca en castigar las evasiones millonarias.

Este proyecto de ley no tiene como fin privar de libertad a nadie, ya que contempla un mecanismo de sustraer del ámbito penal el delito en cuestión, una vez que el contribuyente regularice sus obligaciones".

La iniciativa impulsada por el MEF contempla como causa de cancelación de la punibilidad del fraude la liquidación incondicional y total del tributo adeudado y propone que será el Tribunal Administrativo la instancia que referirá el caso al Ministerio Público.

“Tipificar la defraudación fiscal como delito penal y condición precedente al blanqueo de capitales es el paso lógico y natural para que nuestro país consolide su liderazgo y su reputación ante los grandes protagonistas de la economía global” concluyó el ministro De La Guardia.

Un estudio publicado en el 2017 por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva reveló que Panamá es uno de los pocos países cuyas normas legales no cumplen con los estándares más básicos en materia fiscal penal.

Actualmente, la defraudación fiscal en Panamá es una falta administrativa y no penal. El proyecto de ley presentado elimina la potestad existente de la Dirección General de Ingresos de encarcelar a los defraudadores.