Magistrado Mejía busca comunicación directa con Martinelli

El presidente Ricardo Martinelli ha confirmado que se encuentra en Miami, Estados Unidos.

La defensa del expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli, tendrá hasta el próximo lunes 9 de noviembre para suministrar la dirección de correo electrónico, que fue exigida por el juez de Garantías, Jerónimo Mejía, en el caso de los conocidos "pinchazos".

A través de una carta, fechada el 30 de octubre de 2015, Mejía solicita a la defensa de Martinelli que proporcione esta información" indispensable para garantizar la comunicación efectiva entre el exmandatario y las distintas autoridades que conocen el caso".

El pasado 9 de octubre de este año, el magistrado fiscal en esta causa admitida contra Martinelli por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó un escrito de acusación contra el diputado del Parlacen por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública por los delitos de peculado.

En el documento al que tuvo acceso TVN Noticias este sábado, 7 de noviembre, el magistrado Mejía también resalta que esa acusación estuvo acompañada de antecedentes del caso y de los elementos probatorios que se pretenden utilizar en su juicio.

Por otro lado se deja claro que si bien el magistrado fiscal suministró una dirección física en Panamá de Martinelli, no proporcionó en el escrito de acusación un correo electrónico.

Tampoco se aprecia que la apoderada general de Martinelli, la defensa ni los querellantes hayan brindado esa información, detalla el documento.

Argumentos y exigencias

Mejía, quien deberá determinar una fecha de audiencias por este caso contra Martinelli, argumenta que en el Código Procesal Penal se ha instituido el correo electrónico como un mecanismo de citación y notificación.

Cónsono con esta fórmula, explica Mejía en la carta, el numeral 5 del artículo 65 del Código Procesal Penal preceptúa que las partes tienen el deber de comunicar su dirección electrónica para recibir comunicaciones o notificaciones.

Así las cosas, Mejía fijó el lunes 9 de noviembre como fecha en que se deberá entregar la información requerida.

Esta obligación recae sobre la defensa del exmandatario, pero también los querellantes y el fiscal tienen el compromiso de suministrarla si la conocen.

Antecedentes del caso

Mejía, aún no ha notificado a la defensa del exmandatario sobre la formal acusación, en la que Díaz explica cómo desde la sede del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), funcionarios, por órdenes del expresidente Martinelli, realizaban las interceptaciones telefónicas a múltiples ciudadanos.

Posterior a este proceso de notificación, Mejía debe llamar a una audiencia para calificar la investigación.

Se trata del caso por la interceptación de correos, llamadas y mensajes de texto de unas 150 personas, entre ellas activistas políticos, dirigentes magisteriales y periodistas, que según las investigaciones realizadas por Díaz, las cuales culminaron el 8 de octubre pasado, fueron ordenadas por Martinelli.

Han pasado 29 días desde que se emitió el documento de acusación el pasado 9 de octubre.

La CSJ admitió investigar a Martinelli por este caso el pasado 8 de junio de 2015, pero no fue hasta el 13 de agosto que se inició formalmente el proceso, cuando el Tribunal Electoral (TE) levantó el fuero penal electoral al también diputado del Parlacen, quien se encuentra fuera del país desde el 28 de enero pasado.

Al expresidente se le acusa de la supuesta comisión dedelitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, peculado por malversación y peculado de uso.

Políticos lo acusaron de ser artífice de la red de espionaje. Entre los querellantes están: Mitchel Doens, Bernané Pérez, Javier Ujuleta Cortés, Miguel Antonio Bernal, José Luis Varela, Balbina Herera, Rosendo Rivera, Juan Carlos Navarro, Mauro Zuñiga y Rubén Darío Polanco. Estas querellas se acumularon y se presentaron en un solo expediente

Por estos delitos Martinelli, de ser condenado, enfrentaría penas que sumadas totalizarían 21 años de prisión.