Agrega la entidad que en ese mismo periodo se han presentado 3,167 denuncias y 31 casos formalizados contra universidades o centros de estudios superiores privados.   

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Según la Acodeco, el Departamento de Investigación al Consumidor está realizando las verificaciones en los centros educativos denunciados en cuanto a aumento de costos de matrícula y anualidad, discriminación y posible cláusula abusiva en el contrato al no distinguir los costos en clases presenciales y a distancia.  En dichas inspecciones se recaba información relacionada a las denuncias, tales como contratos, circulares, y demás documentos que permitan realizar un análisis a lo denunciado.

En tanto, en Defensoría de Oficio de la Acodeco, existen 19 quejas activas contra diferentes colegios particulares, las cuales se están trabajando en respectivos proyectos de demandas. 

La entidad reitera que, las reclamaciones recibidas hasta la fecha, han sido por cláusulas abusivas en los contratos, devoluciones por servicios no otorgados, falta de información, trato justo y equitativo, entre otros temas.

Aclara que el ente regente en materia educativa es el Ministerio de Educación, pero los centros educativos particulares prestan un servicio, en este caso educativo al estudiante a cambio de un pago del consumidor (padre de familia o acudiente), como cualquier otro establecimiento comercial que brinda un servicio.

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“En base a la Ley 45 de 2007, son proveedores de servicio y mantienen obligaciones ante los consumidores que pagan por este tipo de servicio”, indica la nota de prensa.

La Acodeco ha iniciado la presentación de demandas contra colegios que han infringido la normativa de protección al consumidor y exhorta a las partes que puedan llegar a acuerdos extrajudiciales, para beneficio de los involucrados.