Ministro Sabonge niega que Presidencia decida proyectos que se presentarán en Secretaría de APP

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge negó que la Presidencia concentre toda la jurisdicción de las Asociaciones Público-Privadas (APP). Sostuvo que las entidades contratantes son las que deciden cuáles son los proyectos que se van a presentar ante la Secretaría Nacional de APP y el ente rector, y no la Presidencia de la República.

Esto último, por las recientes declaraciones del diputado independiente Juan Diego Vásquez.

Tras la aprobación de la ley que crea el régimen jurídico para las Asociaciones Público Privadas (APP), el ministro Sabonge, expresó que la normativa tiene dos objetivos importantes.

El principal, es mejorar la posición que tiene el Estado frente a los acuerdos público privados, porque hasta ahora no había una reglamentación como tal y lo que existía era una ley de 1988 de concesiones de servicios públicos, pero no algo como lo que se ha aprobado.

Explica que, con la nueva ley, se crean tres instancias que fiscalizarán los proyectos que se hagan. La primera instancia es el Consejo Consultivo, representado por la empresa privada, academia y trabajadores.

La segunda instancia es la Secretaría Nacional de APP, que asesorará a las entidades contratantes, es decir las que promueven los proyectos.

El tercero es el ente rector, que lo conforman cinco ministros, con derecho a voz y voto y la Contraloría General de la República que solo tiene derecho a voz.

Beneficios

Incentiva, según Sabonge, la inversión privada en obras públicas porque se agilizan los trámites que debe cumplir una empresa privada para llegar a un acuerdo con el Estado.

Una de las cosas que se logran a través de la Secretaría General de APP, es que se generan siete criterios de elegibilidad para tomar en cuenta si un proyecto puede ser desarrollado a través de una APP o no.

Dice que ahora se hará un análisis previo de cada uno de los proyectos financiera y socialmente, para determinar si los proyectos son válidos o no.

Fiscalización

Sabonge dijo que se tiene que fortalecer al Órgano Judicial, para que las situaciones sobre irregularidades que se dieron en el pasado no se repitan.

Además, expresó que como Gobierno se tienen que asegurar de que exista seguridad jurídica y que los acuerdos que fueron firmados en el pasado se respeten.

Agregó que en el debate en la Asamblea Nacional se quiso incorporar la inhabilitación de ciertas empresas, con lo que estuvieron de acuerdo y también se trató de que se limitara a las empresas que habían firmado un acuerdo de delación.

El ministro recalcó que lo que solicitaron es que se inhabilitaran las empresas que en su delación habían firmado inhabilitarse o no seguir contratando con el Estado, porque creen que la ley lo que debe demostrar es que en Panamá se respeta la seguridad jurídica.

Dentro de la ley de APP, se contempla hacer una fiscalización extensiva de la situación financiera de las empresas porque se trata de acuerdos a largo plazo.

En el caso de Odebrecht, informa que ha sido declarada en quiebra en dos países, el más reciente en el mes de agosto en Estados Unidos, es decir que, si en Panamá está habilitada para participar en una licitación, seguramente queda invalidada en el proceso.

En ese sentido el Ministerio de Obras Públicas ya tiene algunas obras que se podrían desarrollar mediante el modelo de APP como la vía Costanera que se extiende desde Panamá Pacífico hasta La Chorrera.

También el Corredor del Caribe que es la conexión entre Quebrada López y María Chiquita.

Adelantó que algunos de los proyectos se podrán usar con peajes y otros no, dependiendo de la realidad socioeconómica de cada sector.