¿Qué es el escándalo 'Lezo' y qué tiene que ver Panamá con esta trama de corrupción?

Oficinas de Inassa en el pueblo de La Pintada. La justicia española investiga este contrato y la compra de la compañía.
Oficinas de Inassa en el pueblo de La Pintada. La justicia española investiga este contrato y la compra de la compañía. / TVN Noticias

España investiga desde abril pasado la trama de sobornos y coimas que políticos y empresarios madrileños tejieron alrededor de una empresa pública de la Comunidad de Madrid, cuando ésta decidió adquirir compañías por todo Latinoamérica. Y en el radar está Panamá.

¿Por qué? En su ruta hacia la verdad, los fiscales y jueces que están detrás del caso –al que han llamado la "Operación Lezo"- se han topado con pagos triangulados hacia sociedades anónimas de Panamá, Uruguay, República Dominicana, por millonarias compras que hizo la compañía estatal madrileña Canal de Isabel II (una especie de Idaan).

Para algunos analistas, se trata de la versión española y, claro, en menor medida, de la causa Lava Jato, que en Brasil ha descubierto centenares de triangulaciones internacionales de un grupo de compañías, entre ellas Odebrecht, para pagar sobornos por obras públicas en Latinoamérica y África.

Sólo las revelaciones de Odebrecht han desmantelado un esquema sistemático de corruptela que llega a los $788 millones, y que tiene a expresidentes y exministros en prisión.

De vuelta al caso Lezo: la Audiencia Nacional española estableció que dos sociedades panameñas habrían servido de puente para la repartición de ganancias ilegales a funcionarios españoles de la compañía pública Canal Isabel II, que compró con un precio inflado una empresa brasileña.

Se trata de Yavango y Tana Investment, a donde habría llegado dinero desde la cuenta del empresario Sebastiao Cristovam, dueño de Emissao, la compañía que Canal Isabel II compró por 21 millones de euros. Un año después, dice el diario El Mundo, valía 5 millones.

Pero la audiencia no sólo investiga la compra de la brasileña Emissao. También de la colombiana Inassa, adquirida con dinero público madrileño por 83 millones de euros, pero que un año antes de la adquisición costaba 8 millones de euros, según una auditoría contratada en España.

La compra se concretó –reseñó el OK Diario- a través de una transferencia vía Panamá en 2001.

Inassa, luego, se hizo con contratos públicos en Panamá, que los jueces también investigan en la Operación Lazo. ¿Por qué? El juez Eloy Velasco cree que la compañía pagó $273 mil en sobornos para ganarse, por ejemplo, las obras del alcantarillado de La Pintada, en 2012.

El proyecto está siendo rescindido porque Inassa nunca lo terminó.

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