Panama Ports se defiende tras acusación por retención de cuotas

Humberto Hernández, abogado Panamá Ports Company, negó que la empresa se haya apropiado del dinero del pago de la cuota obrero patronal que se debe depositar en la Caja de Seguro Social (CSS), correspondiente a dos trabajadores de la empresa y consideró el llamado a declaración indagatoria al gerente General, de esa compañía, Aitor Ibarreche, como un posible error judicial.

Hernández insistió en cuanto al llamado a declaración indagatoria, de que se está interpretando de manera indebida la norma porque no ha habido una retención de cuotas de la que se haya apropiado la empresa y aseguró que el caso se trata de trabajadores que tuvieron procesos judiciales y terminaron en acuerdos con la empresa.

Esta reacción surge tras los señalamientos del abogado, Pedro Meilán, quien aseguró que a dos empleados que fueron destituidos y posteriormente reintegrados, se les descontaron las cuotas de la CSS, pero cuando fueron a esa entidad, se enteraron que la empresa no las pagó.

El abogado dijo que la empresa hizo el desembolso y reportó a la CSS, las prestaciones correspondientes, información que consta en los expedientes de los trabajadores.

Además, Meilán denunció que tiene más de seis meses esperando el informe de los estados financieros de Panama Ports y pese a la existencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no lo han entregado, por lo que dijo surgen suspicacias.

El abogado dijo que la empresa hizo el desembolso y reportó a la Caja de Seguro Social (CSS), las prestaciones correspondientes, información que consta en los expedientes de los trabajadores.

“Los trabajadores tienen la constancia del pago que se realizó y en la empresa hay constancia de ello”, recalcó el abogado de la empresa.

El proceso judicial que ahora se da con la empresa, está afectando la imagen, no solo de la empresa, sino también de la gerencia de la misma, por lo que no descartan que cuando finalice el proceso, actuar frent¬e a lo que podría ser un delito de calumnia e injuria, porque se acusa a la empresa y a una persona de la comisión de un delito “que no van a poder demostrar”, expresó el abogado.

Si se paga una indemnización, no se tiene por qué reportar seguro social, ya que la Ley 51 de la CSS no lo exige y los trabajadores están partiendo de la premisa de que el pago de la indemnización lleva seguro, lo que es un error.

Destacó que la demora en la resolución del recurso de aclaración que presentó la empresa, es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia.