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Presentan anteproyecto para proteger a personas que contribuyan a sancionar la corrupción
El diputado del Partido Panameñista, Luis Ernesto Carles, presentó un anteproyecto de ley que busca crear medidas “para la protección de quienes contribuyan a prevenir, investigar o sancionar la corrupción”.
El proyecto propone proteger a “cualquier funcionario o persona particular que revele oportunamente información de interés público a una autoridad competente”.
El artículo 3 del anteproyecto expresa que: “La persona que haga la revelación de dicha información de interés público estará bajo la protección estatal, según lo previsto por esta Ley, mientras la autoridad competente para recibir y tramitar la misma considere que actúa de buena fe y sin tergiversar o falsear la información revelada”.
La iniciativa propone que la autoridad competente se asegure de las siguientes medidas a favor de la persona protegida:
- Un fuero laboral que impedirá que sea destituida, trasladada o en cualquier forma, desmejorada en sus condiciones laborales.
- Mantener reserva de la identidad y generales de la persona protegida cuando así sea solicitado por ésta, sin afectar el debido proceso y el principio de contradicción.
- Otorgar protección policial a la persona protegida e incluso, a sus familiares cercanos, cuando así se estime conveniente.
- Cuando existan serios indicios de amenazas a la integridad física de la persona protegida se podrán medidas para cambiar sus documentos de identidad o facilitar su traslado a otro domicilio, dentro o fuera del país.
- Cuando la persona protegida haya participado en los actos revelados y tenga algún grado de responsabilidad en los mismos, la autoridad judicial o administrativa deberá considerar corno atenuante su colaboración.
El anteproyecto expresa que de comprobarse que una persona protegida actúa en mala fe, esta deberá indemnizar a los afectados por sus falsas denuncias.
Se establecería también un fondo especial para sufragar los gastos que sean necesarios para hacer efectivas las medidas de seguridad.
Este anteproyecto debe pasar a ser discutido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
