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“Todo gobierno tiene derecho a nombrar a los funcionarios que ellos consideren, pero el gobierno ha tomado esta decisión que no solamente violenta la Constitución Política de la República de Panamá, si no que viola los derechos humanos de los profesionales egresados de las diversas universidades del país, incluso de panameños que han viajado al exterior”, expresó Raúl González, defensor de los derechos universitarios.

Recalcó el defensor de los derechos universitarios, que “comparar la experiencia con un título es una actitud irresponsable de los gobiernos, que atenta contra los derechos humanos, en este caso específico contra la educación panameña.”

Por su  parte, el decano Cooper, manifestó que esta resolución atenta contra la educación superior y no solo en la Universidad de Panamá, indicando que no tiene objetivo seguir impartiendo clases en las aulas universitarias, si no se van a tomar en consideración los títulos universitarios para ocupar las posiciones que así lo requieran.

Señaló Cooper, sobre el tema del servicio diplomático es una larga lucha de los estudiantes y los profesores de Relaciones Internacionales para que se reconozcan los méritos de los estudiantes que cursan esta carrera, siendo más idóneos y capaces para ocupar las posiciones en servicio exterior.

Indica Cooper, que se ha observado que se ocupan estas posiciones, correspondientes al servicio diplomático por personas sin preparación, ya sea por amiguismo o por intereses políticos, por lo que siempre estará en oposición, porque no se considera el valor humano que egresa de la Facultad de Administración Pública.

A pesar que el Ejecutivo emitió una resolución aclaratoria de que se respetarían las carreras con idoneidad. El grupo advierte que de las 169 carreras que hay en la Universidad de Panamá, sólo 37 exigen idoneidad. Las 132 restantes están desprotegidas.