Presentarán otro proyecto que busca regular plataformas digitales a favor de los usuarios

En los próximos días, la Asociación de Consumidores Libres, espera se presente ante el pleno de la Asamblea Nacional para su prohijamiento y posterior debate, una propuesta que elaboraron para regular de manera objetiva las plataformas digitales que actualmente, prestan el servicio de transporte al usuario.

Jaime Raúl Molina, miembro de la agrupación, quien en el 2017 demandó dos artículos del Decreto 331 del 31 de octubre de 2017, que establecían la prohibición del pago en efectivo y que limitaban el servicio a la ciudad de Panamá y las provincias de Panamá Oeste, Colón y Coclé, en detrimento de los usuarios, indicó que ya ha hecho llegar a algunos diputados dicha iniciativa.

“La propuesta se basa en una regulación objetiva de las plataformas digitales a diferencia de lo que ha hecho la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, que se ha dedicado a hacer una regulación que en la práctica se constituye en un obstáculo para que las plataformas se desarrollen” advirtió

La iniciativa contempla básicamente que las plataformas deben ser reguladas por el Ministerio de Comercio; esto por tratarse de un tema de comercio electrónico.

A juicio de Molina, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), no responde o representa a los usuarios, representa los intereses de transportistas selectivos o taxis que en la ciudad de Panamá, a las concesionarias del interior y dueños de buses y a los dueños de equipos pesados.

Añadió que la ATTT, lo que ha estado haciendo es actuar en detrimento del usuario.

“La tecnología implica un cambio tremendo para todos. Nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos y a la tecnología, y no detener el avance de una sociedad para satisfacer el capricho y el interés de grupos y privilegios”, argumentó.

Agregó que, "es necesario que la Autoridad del Tránsito, el Ministerio de Gobierno (Mingob) y los diputados entiendan que se deben a los usuarios. Es un derecho natural de cualquier persona escoger en libertad los bienes y servicios que desee y necesite consumir, es una garantía constitucional porque lo establece en el artículo 49 de la Constitución".