Procuraduría examinará compras en Dirección de Asistencia Social

Transparencia en Panamá

Procurador de la Administración, Rigoberto González.
Procurador de la Administración, Rigoberto González. / TVN Noticias
Errol Caballero - Corresponsal digital
01 de diciembre 2021 - 07:16

Ciudad de Panamá/Sus predecesores, el Fondo de Inversión Social y el Programa de Ayuda Nacional, estuvieron bajo la lupa por posibles casos de corrupción. La sombra de la duda se cierne hoy sobre la Dirección de Asistencia Social (DAS), después de que trascendieran detalles de una inversión de $49,773 para adquirir laptops y tablets, como parte de un evento político realizado en octubre pasado.

Creada mediante el decreto ejecutivo número 775 de 12 de noviembre de 2015, DAS - adscrita al Ministerio de la Presidencia - enfoca sus acciones a “combatir la pobreza” y a socorrer a las víctimas de desastres, ya sea naturales o provocados por la acción humana. Pero el hardware que se compró fue entregado por el diputado oficialista Alejandro Castillero en una feria política realizada en la ciudad de Chitré, Herrera. ¿Se justifica la adquisición de estos equipos para un acto de esta naturaleza?

Esto es precisamente lo que investiga la Procuraduría de la Administración, luego de que en octubre el jurista Ernesto Cedeño interpusiera una denuncia donde solicita “examinar la conducta oficial de los funcionarios de la Contraloría General de la República”, los cuales “avalaron una gran feria de dádivas con recursos oficiales”, en alusión al titular del diario La Prensa, en su edición del 26 de octubre.

En una resolución con fecha del 9 de noviembre el procurador de la administración, Rigoberto González, acogió la denuncia de Cedeño, iniciando las investigaciones tendientes a determinar si las compras de DAS “llegasen a configurar faltas administrativas según el reglamento disciplinario de la Contraloría General de la República”.

En el documento se destaca la inexistencia de “norma jurídica que faculte a la Contraloría de la República a refrendar tales actos de naturaleza política”. Copias de la denuncia interpuesta por el abogado y de la resolución No. PA/DS-284-2021 fueron remitidas al contralor Gerardo Solís. El plazo para conducir la investigación es de dos meses.

Según Cedeño, le corresponderá al procurador González determinar quién falló aquí, el Contralor, alguna institución en especial o algún funcionario.

De acuerdo con el sitio web panamatramita.gob.pa, a la Procuraduría de la Administración le corresponde defender la legalidad y “eficiencia de los actos de la administración pública”.

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