¿Cuál es el siguiente paso en el conflicto sobre el proyecto Barro Blanco?

Luego del anuncio sobre el rechazo del acuerdo sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que se firmó el pasado 22 de agosto, lo que corresponde es “esperar los comentarios del Congreso Ngäbe-Buglé”, según el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), Roberto Meana.

El congreso debe nombrar una nueva comisión que se pueda sentar a negociar con el Gobierno.

También hizo un llamado a la dirigencia del pueblo indígena para que mantengan su disposición al diálogo y poder resolver de la mejor manera el tema y pidió que no recurran a la violencia, ni a los cierres de calles, que afectan a otras personas.

De acuerdo a lo que pasó el fin de semana en el Congreso General Ngäbe, en este momento no hay acuerdo sobre el proyecto de Barro Blanco, pero tampoco se ha recibido un documento formal que establezca las diferencias que ahora tienen.

Sobre la negociación, Meana dijo que las negociaciones de esa índole, se llevan a cabo con representantes de los grupos, ya que es imposible pensar que se puedan desarrollar diálogos con un congreso que está formado por 300 delegados y por ello se estableció una comisión por parte del Gobierno y el pueblo Ngäbe escogió a sus representantes.

Dijo que "cuando no sucede lo que todos esperan, entonces se empiezan a desconocer a las autoridades".

Meana dejó claro que el Gobierno no fue a hablar con gente que no estaba elegida o que no estaban legalizadas para poder negociar con el Gobierno y resaltó que las palabras del señor Nemesio Cases, presidente del Congreso General le parecen sorprendentes, ya que fue una de las personas que estuvo presente en la mesa de negociación y aunque no fue uno de los firmantes, estuvo en la Presidencia de la República.

Para el funcionario, el acuerdo que se había establecido representaba ganancia para el Estado, por el simple hecho de que se incluía en el presupuesto del Estado, el 15% del ingreso bruto de la empresa y lo colocaba en un fondo administrado por las autoridades de la comarca, aparte de los fondos que se tienen que invertir por mandato constitucional en la comarca.

Meana sostuvo que la presa debe seguir operando.